Por Andrea Sanhueza, representante de la Sociedad Civil para el Convenio de Escazú; Benjamín Cofré, campaña Escazú Ahora Chile; Andrés Gutiérrez, director ejecutivo Fundación Newenko; e Isabella Villanueva, presidenta ONG CEUS Chile

Chile vive la década más seca de su historia. El Centro del Clima y la Resiliencia la clasificó como una megasequía, por ser una sequía larga y extensa. Lo cierto es que ha llovido menos, pero esta no es la única razón de la crisis hídrica.

La deficiente gobernanza y los problemas de gestión hídrica en Chile no son temas nuevos. La reforma del Código de Aguas (el instrumento que norma su gestión) lleva nueve años discutiéndose en el Congreso. Sumado a esto, en 2013, el Banco Mundial elaboró un informe identificando a más de 40 organismos distintos ejerciendo más de 100 funciones en materia de aguas, lo que evidencia una institucionalidad segregada y sobreburocratizada. En 2019, la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 liderada por Fundación Chile dio cuenta de que a nivel de cuencas un 44% de las causas a los principales problemas se debe a deficiencias en la institucionalidad y gobernanza.

En 2019, el Presidente Piñera formó la Mesa Nacional del Agua, instancia que carece de actores que entreguen una mirada territorial, donde existe una baja representación de organismos técnicos y científicos, municipios, organizaciones de la sociedad civil e, incluso, una composición paritaria de género y representación de pueblos originarios.

Resulta fundamental incorporar a expertos, actores interesados y reorganizar de mejor forma el Estado para abordar el tema hídrico.

En este sentido, el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para enfrentar la crisis hídrica en Chile y nos presenta una oportunidad para resolverla de forma más sostenible y eficiente en la medida que incorpore en su toma de decisiones a los actores organizados e interesados que se verán afectados por estas decisiones.

Por ejemplo, si la Mesa Nacional del Agua hubiera seguido lo establecido por el Acuerdo de Escazú, hoy Chile tendría una instancia formal de participación con el involucramiento de diversos actores en igualdad de condiciones tanto para acceder a la información como para elaborar los informes al Presidente de la República. Solo la diversidad de actores con sus respectivas miradas puede colaborar a la toma de decisiones respetando el carácter de bien público del agua y logrando que su gestión se enfoque en el interés colectivo.

Es de toda importancia que Chile firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, de modo que se adopten todas las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de este tratado, considerado uno de los más importantes en medioambiente y derechos humanos. Su entrada en vigor permitiría avanzar en la solución de la megasequía con un enfoque de derechos.

Por lo anterior, insistimos al Presidente Sebastián Piñera que firme a la brevedad el Acuerdo de Escazú, el cual es una herramienta para enfrentar el tremendo desafío que tiene Chile en materia de recursos hídricos y derechos humanos.

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