“Yo, por ningún motivo”, respondió el diputado Gonzalo Fuenzalida, cuando se le consultó si se vacunaría contra el Coronavirus, agregando que no había que confiarse y que se requería un estudio más extenso para descartar los efectos colaterales de la vacuna. De manera consciente o ingenua, el diputado provocó un tremendo revuelo por sus irresponsables declaraciones.

Sin duda, la inmunización masiva de la población no es una práctica neutral: implica un rol activo del Estado que busca balancear los derechos y libertades de las personas, con los deberes y el compromiso cívico de proteger a una comunidad. La vacunación es, en sí misma, un proyecto político que, en forma análoga a la instauración de tributos o el monopolio del uso de la fuerza, plantea temáticas complejas de comprender y de discernir entre sujetos que deben aceptar su imposición por parte del Estado.

Margaret Keenan, inglesa de 91 años, fue la primera persona en ser vacunada luego de la aprobación de la vacuna desarrollada por BioNTech/Pfizer. El descubrimiento y análisis preclínico se dio entre enero y abril; las pruebas en humanos, entre julio y noviembre; lo que permitió que en menos de 12 meses, la ciencia, la tecnología y las alianzas público-privadas pudiesen responder ante la amenaza de un virus que ha ocasionado la muerte de miles de personas.

¿Es segura y confiable? ¿Se aceleró irresponsablemente su fabricación sin medir todas las consecuencias? Son preguntas razonables y que las personas libremente pueden plantear en el contexto del debate social. Asimismo, es comprensible que exista temor a vacunarse y que, por las razones que sean, quieran exceptuarse de la vacunación masiva. Pero, desafortunadamente para ellos, las vacunas funcionan solo si se logra que una inmensa mayoría de la población se las coloque y se alcance la inmunidad de rebaño que permite una protección efectiva. Hoy, más que especular sobre lo que no sabemos, debemos confiar en los científicos e instituciones que sí saben y que han autorizado la producción y distribución de estas vacunas.

De lo que no hay duda, es que los actores políticos tienen una responsabilidad mayor a la de un ciudadano promedio, a la hora de pronunciarse y manifestar su opinión respecto de materias tan complejas. Siempre habrá individuos que buscan capitalizar políticamente en los momentos críticos, pero en la era de la desinformación y la comunicación inmediata, ese es un lujo que nuestros políticos no pueden darse en el contexto de una enfermedad tan grave como el Coronavirus.

Cuarenta personas han muerto en el mundo por coronavirus en el transcurso de tiempo que toma leer esta columna, que se suman a las más de 1.600.000 personas que han perdido la vida este año. Del total de muertes al día –aproximadamente 150.000 – el Coronavirus es responsable del 10% de ellas. Pero a diferencia del cáncer, de los ataques cardíacos o de la diabetes, que no se resuelven con una vacuna, el COVID19 sí tiene solución y es la que ha comenzado a inyectarse por todo el mundo.

Lamentablemente, no hay ninguna vacuna autorizada para curar la ignorancia de varios parlamentarios chilenos. Urge, por lo tanto, que la clase política de manera transversal se comprometa a promover la vacunación masiva, o al menos asegurar que los pseudocientíficos del Congreso no harán comentarios tan dañinos como los que hizo el diputado Fuenzalida.

Parafraseando a Los Prisioneros, podemos entender la estrechez de mente, pero no podemos aguantar la estrechez de corazón. Es lo mínimo que la clase política puede hacer para honrar a los 16 mil chilenos que perdieron la vida y que habrían dado todo por que hubiese existido esta vacuna.