Desde marzo de 2026, el Comité de Ministros ha sesionado nueve veces y resuelto 23 expedientes, destrabando cerca de US$12.000 millones en inversión. Aprobó 22 y rechazó solo uno. La cifra circula como sinónimo de eficiencia: un gobierno que por fin “destraba” la inversión estancada. Pero esconde un dato incómodo: al menos cinco de esos veintidós proyectos ya habían sido rechazados antes, y no siempre por errores de forma corregibles con un trámite.

El listado es variado pero ilustrativo. Potasio en Peine, cuatro rechazos en tres gobiernos por hidrogeología insuficiente en el Salar de Atacama. Itahue-Hualqui, rechazado por el SEA por no acreditar mitigación sobre bosque nativo y fauna protegida. Terminal Cerros de Valparaíso, con su RCA anulada por el desplazamiento de pescadores artesanales. Maratué, retrotraído por no ponderar las observaciones ciudadanas. Ciclón Exploradora, reingresado tras un rechazo por no delimitar bien su área de influencia. Motivos distintos, un patrón común: este año casi todos terminaron aprobados.

Por supuesto, no todos los rechazos previos son iguales. Maratué y Ciclón Exploradora fueron vicios de forma corregidos antes de una nueva evaluación; ahí aprobar es lo que corresponde. El problema aparece donde el rechazo original respondía a dudas de fondo y la reversión no vino con nueva evidencia que las resolviera, sino con una lectura distinta del mismo expediente. Es esa segunda categoría la que debiera preocupar, porque deja el problema pendiente.

Chile construyó, con costo político para los gobiernos de turno, una institucionalidad ambiental hoy citada como referencia regional: predecible, técnica, capaz de decir que no cuando corresponde. Esa reputación es un activo, y se destruye más rápido de lo que costó levantarla si el criterio para aprobar deja de depender de la solidez del expediente y pasa a depender de sumar un número a la estadística o un monto a la nota de prensa.

Ahí está el error de cálculo: los inversionistas, sobre todo los extranjeros que comparan a Chile con sus vecinos, valoran la velocidad, pero premian la certeza. Un proyecto aprobado “al lote”, sin resolver las objeciones que motivaron su rechazo, no es una victoria: es una RCA con fecha de vencimiento judicial. Comunidades ya han impugnado más de uno apenas meses después de aprobado. Ese ciclo de aprobar, litigar y volver a litigar es justo lo que el mercado no busca: incertidumbre disfrazada de destrabe.

Un Comité que prioriza el número de aprobaciones sobre la calidad técnica de cada una no le hace un favor a la inversión: le hereda el conflicto a los tribunales y erosiona la credibilidad que hace de Chile distinto en la región. La pregunta no es cuántos proyectos tenemos aprobados, sino cuántos subsanaron de verdad sus deficiencias, y qué señal deja eso para el resto.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.