SEÑOR DIRECTOR
Cantamos con orgullo que Chile es un asilo contra la opresión. Por eso mismo, la imagen de la expulsión de los venezolanos con uniformes blancos y algunos esposados quedará como un baldón de este gobierno. Tres ministros estaban presentes cuando despegó el avión de la FACH rumbo a Caracas. La medida no solo es inhumana y contraria a tratados internacionales, sino que inconstitucional según lo ha declarado la Corte de Apelaciones de Iquique, suspendiendo sus efectos respecto de inmigrantes que aún permanecen en el país.
Los magistrados sostienen en su fallo que los afectados no tuvieron oportunidad de defenderse, no fueron escuchados ni dispusieron de abogados para alegar su causa y presentar pruebas, conforme lo prescribe el artículo 19 N°3 de la Constitución. El intendente de Tarapacá podría ser acusado constitucionalmente. Incluso el ministro del Interior. Dependerá de la suerte del recurso de amparo en la Corte Suprema, si el gobierno apelara.
Chile con justicia ha criticado la dictadura de Maduro. Incluso el gobierno ha dado pasos en falso exponiendo al Presidente con su intempestivo viaje a Cúcuta, donde reiteró a los venezolanos a venir; en 2018 se estableció la “visa democrática”, que solo ha sido otorgada al 27% de quienes la han solicitado, y luego, frente a la entrada por pasos no habilitados, ha endurecido la mano pretendiendo dar una señal clara de contención, que hasta ahora ha resultado ineficaz.
En Chile hay 500.000 venezolanos registrados y es probable que este número aumente en los próximos meses. Urge un plan especial de acogida a los migrantes, ojalá concordado con los países de la región, como lo hubo cuando miles de chilenos emigramos por la dictadura de Pinochet. Estamos frente a una crisis humanitaria de proporciones. Colombia ha legalizado recientemente a más de un millón y medio de venezolanos. Chile debiera adoptar una actitud análoga. No se puede cuestionar la legitimidad de un régimen y devolver a su territorio a quienes escapan de su política. Muchos carecen de pasaporte al día porque el gobierno venezolano no se los da.
El plan especial es la única salida posible, legal y humana; pese a la pandemia y sus graves efectos sociales y económicos. No olvidemos que hay un millón de chilenos que viven fuera del país, 400 mil en Argentina.
José Antonio Viera-Gallo
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