Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55

Escribo este análisis desde Brasilia, invitado por el Tribunal Superior Electoral para observar unas elecciones que pondrán a prueba la capacidad de Brasil de procesar sus divisiones democráticamente. Pocas ciudades expresan mejor la ambición de una nación de planificar su destino. Sesenta y seis años después de su fundación, la inquietud que recorre sus avenidas de trazado impecable es menos épica, pero más urgente: cómo transformar los votos de una sociedad profundamente polarizada en autoridad legítima y capacidad de gobierno. Brasil llega a las urnas dividido en dos bloques casi iguales que apenas se reconocen. En una de las elecciones más desafiantes desde su retorno a la democracia, la pregunta decisiva es doble: ¿podrá el vencedor gobernar y estará el derrotado dispuesto a aceptar el resultado?

Este domingo 4 de octubre, 158,7 millones de brasileños empezarán a responder esa pregunta. La votación se realizará mediante urnas electrónicas en uso desde 1996, con voto obligatorio y un sistema de elección presidencial por mayoría absoluta a dos vueltas. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos más votados disputarán un balotaje el 25 de octubre.

Qué se elige

La renovación del poder será amplia: la Presidencia, los 513 escaños de la Cámara de Diputados, 54 de las 81 bancas del Senado, las 27 gobernaciones y las asambleas estaduales. Sin embargo, la campaña ha quedado concentrada en un enfrentamiento conocido, que eclipsa las otras disputas.

Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda y de 80 años, busca la reelección y un cuarto mandato no consecutivo. Flávio Bolsonaro, senador de derecha de 45 años, pretende devolver al poder al movimiento de su padre, Jair, inhabilitado y condenado a 27 años de prisión por la trama golpista de enero de 2023. Es la tercera elección consecutiva, desde 2018, organizada alrededor de ese eje. La polarización no es coyuntural sino estructural.

Lula: una ventaja que no despeja la incertidumbre

El último sondeo de Datafolha sitúa a Lula en el 42% y a Flávio Bolsonaro en el 38% de las preferencias para la primera vuelta. El presidente mantiene la ventaja, pero ese respaldo no le bastaría para evitar el balotaje. En una segunda vuelta, obtendría el 48%, frente al 45% de su rival: una diferencia compatible con un empate técnico. Lula llega por delante; la elección sigue abierta.

La geografía electoral ayuda a explicar esa incertidumbre. El Nordeste continúa siendo el bastión de Lula, cuyo arraigo se apoya en su trayectoria personal y en los programas sociales. El Sudeste, que concentra el 42% del electorado, es el principal campo de batalla. Allí, la derecha encabeza con holgura las disputas por las gobernaciones de Sao Paulo y Minas Gerais, aunque esa fortaleza territorial no se traduce automáticamente en apoyo a Flávio.

Ningún tercer candidato ha logrado romper la polarización. Augusto Cury, que rozó el 10% a principios de septiembre, apenas supera ahora el 4%; Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema tampoco despegan. Sus votantes, sin embargo, podrían inclinar la balanza en el balotaje. El desenlace dependerá también de las preferencias de los indecisos, del comportamiento del electorado evangélico y de la capacidad de cada candidatura para movilizar a sus simpatizantes. En una contienda tan ajustada, la abstención puede resultar tan decisiva como el voto.

Las prioridades: el bolsillo y la inseguridad

Detrás de la paridad electoral aparece una paradoja económica. Durante el gobierno de Lula, los datos de la macroeconomía son positivos: crecimiento, el desempleo y la pobreza a la baja y la inflación contenida. Aun así, muchos brasileños se sienten asfixiados porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes.

Según datos del Banco Central, a finales de 2025 los hogares destinaban cerca del 30% de sus ingresos al servicio de sus deudas, con tipos de interés entre los más altos del mundo (por encima del 13%). Tener empleo ofrece un alivio limitado cuando las cuotas absorben buena parte del salario. Un gobierno puede perder apoyo en una economía que crece si sus resultados no llegan al bolsillo o si el endeudamiento impide percibirlos.

Lula ha respondido con un aumento del 15% de Bolsa Família, que beneficia a 20 millones de familias pobres; promesas de refinanciar las deudas que agobian a casi ocho de cada 10 brasileños; y la prohibición de las apuestas en línea. Son medidas con una justificación social atendible, aunque su proximidad a las elecciones ha alimentado las acusaciones de populismo. Su financiamiento también merece escrutinio: la deuda pública se acerca al 80% del PIB y el déficit público ronda el 9%.

La seguridad, la otra gran prioridad, exige una evaluación igualmente rigurosa. El Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho controlan territorios, cárceles y economías locales. Lula propone inteligencia, coordinación policial y persecución del dinero ilícito. Flávio ofrece declarar terroristas a las facciones, reducir la edad de imputabilidad penal y construir megaprisiones al estilo salvadoreño.

La justicia bajo sospecha

La institución que más puede condicionar esta elección, sin embargo, no figura en la papeleta: el Supremo Tribunal Federal (STF). Las revelaciones del caso Banco Master, cuyo propietario, Daniel Vorcaro, está preso por estafa, han expuesto mensajes con el magistrado Alexandre de Moraes y pagos al bufete de su esposa. La divulgación del material por su colega André Mendonça, designado por Jair Bolsonaro, abrió una fractura dentro de la corte, que ha aplazado hasta después del balotaje la decisión sobre cómo investigar a sus propios miembros. Flávio, por su parte, también aparece vinculado a Vorcaro por la negociación de 134 millones de reales para financiar una película sobre su padre.

Las denuncias no prueban la comisión de delitos pero exigen un esclarecimiento con garantías para todos los implicados. Una corte que asumió un papel central en la defensa de la democracia debe aceptar el mismo escrutinio que exige a los demás. El riesgo institucional se agrava porque varios magistrados del Supremo integran también la justicia electoral. Si pasan a ser percibidos como participantes en la disputa política, cualquier impugnación de los resultados podría convertirse en una crisis de legitimidad, especialmente ante una diferencia estrecha, como ocurrió en 2022.

Una elección con alta carga geopolítica

El giro a la derecha de América Latina y la sombra de Donald Trump confieren a esta elección una relevancia geopolítica que trasciende las fronteras brasileñas. La ola conservadora enfrenta su prueba más importante; está en juego qué margen conservará América Latina frente a la doctrina Donroe de EE.UU. El peso de Brasil es significativo: concentra la mitad del PIB, el 47% del territorio, un tercio de la población de América del Sur y las segundas reservas mundiales de tierras raras. Su liderazgo condiciona tanto la integración sudamericana como las relaciones de la región con China -su principal socio comercial- y Estados Unidos.

Un triunfo de Flávio Bolsonaro acercaría a Brasil a Washington en comercio, minerales críticos y seguridad, incluida su incorporación al Escudo de las Américas. La reelección de Lula preservaría, en cambio, un polo de autonomía regional. Trump, que inicialmente expresó su preferencia por el clan Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil, ha adoptado en los últimos días una posición más cauta: ha subrayado la importancia de estos comicios sin respaldar explícitamente a ninguno de los dos candidatos.

El verdadero reto: la gobernabilidad

Gane quien gane, heredará una Presidencia condicionada: una economía que se desacelera, con una proyección de crecimiento del 1,8% para 2026; malestar social; el fenómeno de El Niño; y, sobre todo, un Congreso bicameral mayoritariamente de derecha. Su principal bloque, el llamado Centrão, ha ampliado su poder de cogobierno y su control sobre el presupuesto. La elección legislativa y las gobernaciones merecen, por ello, tanta atención como la disputa presidencial. Sus resultados definirán buena parte de la capacidad efectiva del próximo mandatario para avanzar su agenda. Sin mayoría propia, el vencedor dependerá de coaliciones que pueden asegurarle gobernabilidad y la aprobación de sus reformas.

En suma: el próximo gobierno deberá sanear la economía y las cuentas públicas sin recortar fuertemente los programas sociales, combatir el crimen respetando los derechos y restaurar la autoridad judicial mediante la independencia y la rendición de cuentas. Gobernar siempre ha requerido negociar. Pero una sociedad altamente polarizada, con gobierno dividido e instituciones cuestionadas exigirá un esfuerzo mayúsculo.

Desde esta ciudad concebida para mirar al futuro, la exigencia democrática sigue siendo la misma: que el ganador acepte límites y que el derrotado reconozca los resultados, conserve derechos y disponga de una oportunidad de volver a competir. Las democracias se sostienen cuando perder una elección no significa quedar fuera de ellas. Su prueba decisiva será demostrar que ambos bloques -pese a sus diferencias irreconciliables- pueden seguir perteneciendo a la misma democracia.