Columna de Constanza Forascepi: Ley corta de Isapres: No son las personas, es la ideología el centro

El gobierno presentó finalmente el proyecto de ley que, supuestamente, hace frente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema respecto a la aplicación de la tabla de factores en el cálculo de precios de los contratos de las Isapres.

Pero la verdad es que el proyecto no presenta un mecanismo para dar cumplimiento al fallo y, al mismo tiempo, viabilidad al sistema, como se había prometido, sino que simplemente traslada el problema: mandata a las Isapres a presentar un plan con los montos y plazos de pago a la Superintendencia de Salud (SIS), quien aprobará o rechazará la propuesta. Pero falla rotundamente en hacerse cargo de la caída permanente de ingresos que el fallo provoca -de en torno a un 8% para una industria con márgenes del 1-2%- así como de un pago de US$1.400 millones, cifra que supera en más de tres veces el patrimonio del sector y que a todas luces no tiene ninguna factibilidad de realizarse. Se engaña a la ciudadanía por partida doble: el resultado del “equilibrio” sugerido por el gobierno será un traslado forzoso de los actuales afiliados de Isapres hacia Fonasa, sin que medie ningún pago efectivo por esos “cobros indebidos”. En definitiva, entre la Corte Suprema y este proyecto del gobierno, se está cumpliendo el sueño de un sector: terminar con la participación del sector privado en el seguro obligatorio de salud.

Porque mal se ha instalado el concepto de “cobros en exceso” por parte de las Isapres. No es así: tengamos claro que esos US$1.400 millones nunca fueron recibidos y por lo mismo no tienen como solventarlo. Es simplemente un monto que surge de un cálculo teórico, un “que hubiera pasado si” se hubiese utilizado otra forma de calcular el riesgo en salud, sin mencionar todo el resto de arbitrariedades sin sustento que peca el fallo de la Suprema.

En el mensaje del proyecto de ley, el gobierno afirma que está “poniendo a las personas en el centro”. Pues pareciera que lo que en verdad está haciendo es poner la ideología al centro: de facto está dejando caer a la industria de las Isapres, amparándose en el fallo irresponsable y arbitrario, para construir un modelo de seguridad social en salud en el cual el Estado es el recto y el sector privado tiene una participación mínima. Adicionalmente, asume un costo fiscal enorme -de más de US$1.000 millones- pese a que el informe financiero del proyecto es ridículo y sobre la base de una serie de supuestos voluntaristas, lo reduce a US$2 millones.

No caigamos en trampas ni voladores de luces: este proyecto de ley no fue pensado para resolver el fallo de la Corte Suprema, sino para modificar el financiamiento de la salud y transitar a un sistema con el Estado al centro, cueste lo que cueste. Pero acá estamos hablando de la salud -y vida- de millones de chilenos.

Nos falló el poder judicial y el gobierno: ahora está en manos del Congreso la responsabilidad de la salud del país.

Constanza Forascepi, Socia Economista Denk Consultores