Es curiosa la dinámica de los debates públicos en este tiempo de redes sociales, con medios de comunicación masivos y angustiados por sobrevivir, todo adquiere una velocidad vertiginosa, ningún argumento bien desarrollado dirigido al intelecto es capaz de contrarrestar un video de treinta segundos que apunta a la emoción. Esta velocidad contribuye a la ansiedad ambiente en la que estamos inmersos y que a la inmensa mayoría nos afecta.

Unas pocas encuestas generaron la impresión de que el plebiscito ya estaba resuelto a favor del Rechazo y llevaron a generar una presión sobre la centroderecha en el sentido de definir ahora, desde ya, qué está dispuesta a cambiar de la Constitución actual. Las encuestadoras empezaron a preguntar acerca de si la gente le cree o no a la actual oposición respecto de su auténtica voluntad de cambio. Crece aceleradamente la tendencia a pedirle compromisos sustantivos: digan ahora, ya, si quieren un Estado social de derechos, si quieren reconocimiento a los pueblos originarios, si se comprometen con salud y pensiones dignas.

Conocidos opinólogos, elevados a la dignidad de fiscalizadores de las conciencias ajenas, dicen que “no le creen a la derecha”, por qué habrían de creerle -remachan- si en treinta años nunca han estado dispuestos a cambiar la Constitución. Sin perjuicio de que la afirmación es tendenciosa y sesgada, pues lo que quieren decir es que en treinta años la derecha no ha estado dispuesta a aprobar las reformas que ellos consideran necesarias, pero eso, como es obvio, es algo muy diferente.

La derecha, hasta ahora, ha sostenido algo claro y razonable: prácticamente el 80 por ciento de la gente se manifestó a favor de una nueva Constitución en el plebiscito de entrada, un eventual triunfo del Rechazo no revierte esa definición, simplemente significa descartar la propuesta de la Convención. En mi caso, estuve en el 22 por ciento derrotado y he sostenido en estas mismas páginas que la Constitución actual es muy buena y no se justifica cambiarla, pero participé de esa elección, mi posición fue derrotada y tengo el deber de acatar la voluntad de la mayoría.

Ese es el compromiso que la democracia nos impone y que debemos honrar; por eso, apoyar la reforma para que la actual Carta Fundamental sea reformable por 4/7 es lo correcto, porque así aseguramos a los chilenos que estamos dispuestos a entrar a un debate en que no tenemos poder de veto, en que una mayoría razonable podrá redactar una nueva propuesta que ningún grupo minoritario podrá bloquear.

Eso no significa que la centroderecha tenga que comprometerse desde ya a renunciar a lo que cree, a no empujar en un debate democrático, respaldada en la fuerza de sus votos, lo que considera mejor para Chile. El voto en el plebiscito del 4 de septiembre es una decisión sobre el mérito del texto propuesto y no una subasta para ver “quién da más”; la democracia nos define, en cada elección, nuestro compromiso y debemos cumplirlo de buena fe. Nada más y nada menos.