Columna de María Jaraquemada y Jeannette von Wolfersdorff: Caso Audio, Déjà vu

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya ha desvinculado a un alto directivo y ha suspendido de sus funciones a otras cuatro personas, en el marco de la investigación por el caso “Audio” y presuntos sobornos para beneficiar a personas jurídicas relacionadas con el señor Sauer, entre otros, vía una presunta condonación de pagos tributarios por un monto mayor a $3.000 millones, según reportó Ciper.

Aun cuando la composición y característica de este monto no está aclarada, lo que sí está claro es que no es la primera vez que ocurren condonaciones desde el sector público que levantan suspicacias. Por este mismo tema es que en 2019, a semanas del estallido y en conmemoración del día internacional contra la corrupción, fuimos recibidas como Chile Transparente, Espacio Público y Observatorio de Gasto Fiscal por el entonces Presidente Piñera, a quien entregamos una serie de propuestas para generar una agenda antiimpunidad, incluyendo una recomendación relacionada con las condonaciones. En esa reunión tratamos de transmitir la importancia de establecer transparencia en aquellos beneficios que reciben personas naturales y jurídicas desde el Estado, tales como rebajas y condonaciones de multas, intereses o reintegros.

Junto con ello, destacamos también la importancia de crear un registro público de beneficiarios finales en Chile -que hubiese sido de utilidad para dar mayor claridad a la red de RUT asociados a este caso. Este registro también es de relevancia para establecer la necesaria transparencia sobre las condonaciones que pueden recibir personas jurídicas: no solo interesaría publicar una nómina de nombres ficticios de empresas, sino que también se debe contar con datos de las personas naturales que están finalmente detrás de estas empresas que se benefician, para consolidar la información por beneficiario final.

Lo anterior se justifica por el simple hecho de que cualquier condonación no solo corre el riesgo de ser discrecional y dar incentivos a actos de corrupción, sino también por causar una menor recaudación fiscal, que finalmente afecta a toda la sociedad.

El caso en torno a irregularidades recientemente conocido nos hace recordar las propuestas que entregamos en el marco de otra crisis, cuatro años atrás. Hasta el momento, el registro de beneficiarios finales está anunciado, pero todavía parecemos lejos de tenerlo establecido de forma operativa y de calidad. Del mismo modo, tampoco han habido avances reales para transparentar los beneficiarios de condonaciones. Por glosa presupuestaria se estableció la obligación de informar sobre estas condonaciones al Congreso, pero no se trata de información que está públicamente disponible.

¿Cuántos escándalos más -y cuántas más sensaciones de “déjà vu”- tendremos que presenciar para que se generen los cambios necesarios en transparencia e integridad? O, dicho al revés: ¿Podemos ahora contar con el sector político para que se haga cargo de los pendientes de la agenda anticorrupción y antiimpunidad?

Por María Jaraquemada, abogada, y Jeannette von Wolfersdorff, economista