Columna de Paula Escobar: Se me van

Venezuelan migrants gather after crossing illegaly through the border between Bolivia and Chile in Colchane, Chile, on February 3, 2021. - The border crossing between the small town of Colchane, Chile, and the town of Pisiga, Bolivia, in an Andean area at more than 3,600 meters above sea level, became in recent months en route for foreigners , mostly Venezuelans, despite the harshness and extreme temperatures they must endure in that area. (Photo by IGNACIO MUNOZ / AFP)



Así les dijo un empresario a unas vecinas que querían pasar el día en la que él consideraba “su” playa en un lago del sur. Esto pasó hace dos años, preestallido y prepandemia, y causó escándalo nacional. Dos veranos después, discursos similares aparecen en escena. Cristián Araya, concejal y candidato a alcalde de Vitacura por el Partido Republicano, planteó como solución a los recurrentes y violentos portonazos y encerronas, construir una “frontera” en Vitacura. Una con tecnología de control de “blindaje 24/7 de los accesos y salidas de la comuna”, utilizando para ello policías y seguridad municipal, además de cámaras “de última tecnología”, sistemas “pinchaneumáticos” y lectores de patente.

A través de esa “frontera” esta comuna podrá distinguir a quienes viven allí de quienes van de paso. “Significa recuperar la tranquilidad de las calles para que las familias puedan disfrutar de los espacios públicos, seguros y no con miedo a ser víctimas de la delincuencia”, dijo el concejal.

Pocas horas después, y con respecto a la dramática situación que se vive en el norte, en particular en Colchane, con miles de migrantes cruzando ilegalmente desde Bolivia, el líder del Partido Republicano propuso una idea de igual inspiración: hacer una “zanja” en la frontera, para “señalarle a la gente que quiere entrar de manera ilegal que hay un límite”. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salió rápidamente a aclararle que hay otros instrumentos para enfrentar esta grave crisis y que existen mil kilómetros de frontera en la Macrozona Norte. Es decir, sería una zanja bastante larga, de proporciones quizás récord, la que sugiere José Antonio Kast.

Pero ambas ideas se basan en una fantasía que podríamos definir como regresiva, de solucionar graves problemas sociales a través de “apartar”, poner fuera de la vista, delimitar con distintos aparatos y construcciones, a quienes son considerados responsables de las disrupciones en la vida pública. Una mentalidad que se encuentra más extendida de lo que parece, que implica crear “dos lados”: en uno, quienes se consideran ciudadanos con plenos derechos, y del otro, quienes no. Es ir haciendo guetos en una ciudad ya muy segregada como Santiago. La propuesta del candidato a alcalde ve en quienes viven en Vitacura a los sujetos de protección, y en quienes no habitan ahí los sospechosos de ser potenciales delincuentes que, por tanto, deben ser monitoreados y rastreados. La zanja que propone José Antonio Kast es un símil del “muro” de Donald Trump, una de sus emblemáticas y simbólicas propuestas de campaña y de gobierno. De un lado, quienes tenían derecho a vivir en esa tierra; del otro, quienes no lo poseen y deben ser expulsados a toda costa. La retórica es una de deshumanización. En que ese “otro” al que se impide el acceso, o a quien se le imputa una delincuencia obvia, no es un ser humano igual en derechos y dignidad. Con esas narrativas se rompe toda posibilidad de empatía y es por eso que Estados Unidos mostró acaso su rostro más cruel y abusivo, especialmente con los inmigrantes, separando a hijos de sus padres, algunos de los cuales aún no se han podido reencontrar.

Hay que tener cuidado con estas propuestas, que aunque no parecen tener -aún- reales posibilidades en Chile de hacerse realidad, van horadando la posibilidad de un proyecto común que tanto se requiere para el proceso constituyente que viene, y para poder atravesar lo que queda de la pandemia y lidiar con sus graves consecuencias.

El informe de la Ocde sobre Chile conocido esta misma semana plantea, justamente, un camino en otra dirección, la de un crecimiento y un desarrollo económico inclusivos, es decir, que funcionen “para todos”. La institución liderada por Ángel Gurria propone que “a mediano plazo y con una recuperación en marcha, Chile debería implementar un ambicioso programa de reformas estructurales destinado a fomentar el crecimiento inclusivo y a reducir el nivel persistentemente elevado de desigualdad”. Plantea transferencias e impuestos que permitan que las personas no queden en el descampado total, sin red de protección, cada vez que haya una emergencia, como le pasa ahora a un 53% de hogares chilenos que son “económicamente vulnerables”, es decir, pueden caer en la pobreza si las condiciones se vuelven adversas.

Pese a la gran noticia del inicio de la vacunación masiva, varios de los miedos, riesgos e incertidumbres pandémicas seguirán presentes parte de este 2021, pero se los puede atravesar mejor si se mira el panorama con amplitud, sensatez de largo plazo. Sin “vender” muros, y criterio zanjas o retroexcavadoras, que prometen una falsa sensación de “seguridad”, sino haciendo transformaciones sólidas y bien sustentadas que restauren la cohesión social y la perspectiva de una vida en común.

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Quay Quarter Tower, un edificio de 59 pisos, fue construido sobre otro edificio de la década de los 70, manteniendo el 90% del núcleo y un 65% de la estructura.