El lunes, el Presidente Gabriel Boric presentó al país su propuesta de reforma al financiamiento de la educación superior. Se trata de un proyecto de condonación parcial y reprogramación de las deudas del Crédito con Aval de Estado (CAE) y, otra propuesta de un nuevo esquema de Financiamiento Público de la Educación Superior (FES). El último es sólo la primera proposición de una serie destinada a colocar la educación superior al servicio del Estado (V. Orellana, CNN Chile, 9.10.2024), en vez de a los estudiantes.
La condonación parcial de las deudas del CAE y la reprogramación beneficiaría a más de 1,2 millones de personas, teniendo cuantiosos réditos políticos. En su confección se equilibró hábilmente una restricción financiera autoimpuesta, con consideraciones de justicia y eficiencia. No obstante, la cuestión que surge de inmediato es si los recursos dedicados a la propuesta en comento no tienen usos alternativos más valiosos socialmente. Por ejemplo, para aumentar el gasto público en educación parvularia, en que Chile gasta significativamente menos que sus pares de la OCDE. O hacerlo en materia de seguridad.
El FES -teniendo, pero solo formalmente, parecidos con la última propuesta del Presidente Sebastián Piñera- estatiza de facto y por la vía del financiamiento buena parte del control de la educación superior. De acuerdo con la propuesta, el gobierno pagaría las matrículas del estudiantado que así lo desea, a cambio de un impuesto sobre los ingresos de aquellos que opten por el FES. El impuesto sería de un 8 por ciento o menos de sus ingresos, por un período de 20 años o menos, dependiendo de una serie de factores especificados en la propuesta. Con respecto al CAE, el FES tiene la ventaja que el estudiante se evita el estrés del endeudamiento. Además, la cobranza -realizada por la Tesorería General de la República, en base a montos determinados por el Servicio de Impuestos Internos- debería resultar ser más eficiente que la actual.
Pero la propuesta del FES elimina el copago para los deciles dos, tres y cuatro, lo que -considerando la gratuidad- significa que una mayoría de las universidades privadas se tendrán que financiar mayormente con la matrícula fijada por el gobierno.
En resumen, el Ejecutivo ha propuesto un ingenioso -pero complejo- esquema para la condonación parcial y reprogramación de las deudas asociadas al CAE. También ha propuesto un nuevo sistema de financiamiento público de la educación superior. Este esquema, que elimina el copago salvo para los alumnos provenientes del primer decil de ingresos mayores, generará -de aprobarse- graves problemas financieros en la mayoría de las universidades privadas. Estas tenderán a bajar la calidad de sus servicios educacionales y pasarán a tener un alto grado de dependencia del Estado.
Por Rolf Lüders, economista
