Es una experiencia que se repite, en cada familia. Alguien con una enfermedad grave, irreversible, incurable, y que le provoca un enorme dolor físico y síquico. Tanto a la persona como, por cierto, a su familia, que contempla con impotencia y desesperación qué hacer con ese dolor sin borde ni horizonte.

¿Cómo se garantiza el derecho a cuidados paliativos si se ha decidido no perseverar en tratamientos? Pero si esta condición es insoportable y sin vuelta atrás, y ya la persona no quiere seguir (sobre)viviendo, ¿cómo se sale de ese infierno?

Varios proyectos de ley sobre eutanasia y la asistencia médica para morir han sido presentados en Chile al menos desde 2011, pero no prosperaron. Por la complejidad ética, médica y filosófica del tema, por los temores que provoca la posibilidad de su mal uso y, hay que decirlo, también porque un grupo de políticos y parlamentarios, mayoritariamente de derecha, rechaza de plano este tipo de leyes, pues van en contra de sus creencias personales. Ellas son válidas, claro está; el problema es imponer sus límites a quienes no profesan sus ideas religiosas, y en una república laica. Así ha pasado con el divorcio, aborto, matrimonio homosexual y adopción de parejas del mismo sexo, entre otros. Y es paradójico, pues a ese grupo político pertenecen justamente quienes enarbolan y rasgan vestiduras por la bandera de la libertad económica, empresarial, educacional. En esas materias, ¡que el Estado quede fuera y predomine la voluntad individual! Pero en materias como estas, son estatistas. Creen que el Estado tiene derecho a imponerse, y obligar a una persona enferma terminalmente a padecer dolor, soportarlo hasta que la biología lo resuelva, sin reconocerle libertad en este ámbito.

Pero esta semana eso cambió y fue aprobada, en general, la idea de legislar la eutanasia o asistencia médica para morir, proyecto liderado por el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, y también por la diputada socialista Maya Fernández. Por 79 votos a favor, 54 en contra y cinco abstenciones, la iniciativa establece que una persona podrá acceder a una muerte asistida cuando ha sido diagnosticada de una enfermedad terminal, o cuando posee una dolencia o enfermedad incurable; la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, y que aquello le ocasione sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables. Se debe ser mayor de edad, 18 años, encontrarse consciente al momento de la solicitud (o haber declarado su voluntad con anterioridad), contar con certificado de un médico especializado y manifestar su voluntad “de manera expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre”. La propuesta ahora vuelve a la Comisión de Salud -por haber recibido indicaciones- y queda pendiente su votación en particular en sala, para luego despacharse al Senado.

La diputada RN Francesca Muñoz, una de las oponentes, argumentó que este proyecto “no se enfoca en la conservación de la vida, sino en la alternativa fácil representada por la eutanasia”. Legítimo como es oponerse, la elección de palabras de la diputada es francamente inadecuada, pues ¿realmente alguien cree que alguno de los elementos de este debate podría calificarse como “fácil”? Sobrellevar una enfermedad terminal, dolorosa e irreversible, y decidir cómo y cuándo será la experiencia de la muerte difícilmente podría ser visto de ese modo.

Y, además, el argumento pierde de vista lo esencial del debate. A nadie se le impondrá la eutanasia, hay que decirlo claramente. El punto es dar la posibilidad de elegir, de acuerdo al propio discernimiento y al ejercicio de su libertad, a quienes tengan que enfrentar una encrucijada como ésta, sin presiones de ningún tipo.

Aunque la iniciativa fue mayoritariamente aprobada por la oposición, hubo algunos rechazos en esas filas. Y en Chile Vamos, 10 diputados oficialistas la aprobaron, entre ellos dos diputados de Evópoli. Esto acaso abre el campo a nuevas transversalidades para quienes quieran avanzar en la ampliación de las libertades individuales de manera decidida. Porque este es un asunto que hace patente la definición acerca de la dignidad y la libertad humanas. Es acerca del derecho a no ser obligado por el Estado a sufrir lo indecible. O a sufrir hasta ser “una sombra de sí mismo”, como dijo Hans Küng, sacerdote y teólogo disidente y ya anciano, que aprueba la eutanasia y se plantea como opción recurrir al suicidio asistido para poner fin a su vida, pues padece parkinson. “En caso de que mi enfermedad empeore, quiero tener la garantía de que puedo morir de una manera digna”, escribió en 2013.

Lo que está en juego es el derecho humano a vivir, y morir, en paz.