Por Viviana Ponce de León Solís, Académica derecho UACH. Red de Constitucionalistas

La regulación del derecho de propiedad en la propuesta de nueva Constitución ha sido objeto de informaciones falsas e interpretaciones infundadas. Se ha dicho que la propuesta lo debilita o que la indemnización a pagar en caso de expropiación se determinará de forma arbitraria y subjetiva. Lo cierto es que la propuesta, más allá de reconocerlo y protegerlo, permite la conciliación del derecho de propiedad con otros derechos fundamentales y con la protección de la naturaleza, representando un progreso que puede contribuir a un orden institucional más legítimo y sostenible.

En concreto, la regulación aprobada por la Convención reconoce expresamente el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes. También sujeta el establecimiento de limitaciones a este derecho a su función social y ecológica. Por su parte, en materia de expropiación, de manera más detallada que la mayoría de las constituciones a nivel comparado, establece una serie de garantías que protegen al expropiado.

Una innovación del proyecto que ha generado mayores cuestionamientos señala que el propietario tiene derecho a que se le indemnice por el “justo precio”. Sin embargo, si se observan otras constituciones en el mundo, esos cuestionamientos resultan claramente injustificados. De hecho, ya en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, del año 1789, encontramos el estándar de “justa indemnización”, que luego fue replicado en constituciones de países como Estonia, Portugal, Francia o Bélgica y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se ha sostenido también que el “justo precio” se determinará de forma antojadiza, ignorando que ya hay una ley orgánica de procedimiento de expropiaciones que establece que cada vez que en ella se emplea la palabra indemnización debe entenderse que se refiere al daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación y que el justo precio ha sido entendido de manera uniforme por la jurisprudencia nacional como equivalente al valor de mercado. En este sentido, la propuesta promueve y es respetuosa de la seguridad jurídica.

Combatir la desinformación y las noticias falsas y mostrar cómo la propuesta va en la dirección correcta son tareas claves que varios/as expertos/as en derecho constitucional están llevando a cabo de diversas maneras. La colaboración con la campaña Aprueba x Chile en la difusión, de forma sencilla y rigurosa, de contenidos como el aquí presentado es una de ellas.