El dicho popular señala que después de la tormenta viene la calma. Pero los sistemas frontales que ha enfrentado el país durante las últimas semanas, lejos de dejarnos tranquilos, deberían encender varias alertas, porque la emergencia no termina cuando deja de llover. Es entonces cuando comienza una cuenta menos visible, pero mucho más larga, que incluye el costo de reparar caminos y viviendas, empleos afectados, pérdidas de los comercios que no pudieron abrir e inversiones públicas que deberán postergarse para financiar la reconstrucción.

Los cortes de rutas interrumpen las cadenas de suministro, los daños a la infraestructura dificultan el acceso a servicios y las fallas eléctricas paralizan actividades productivas. Solo como ejemplo, el paso Los Libertadores permanece cerrado desde el 14 de julio, uno de los períodos más prolongados desde el invierno de 2023, cuando estuvo cerrado por 26 días. Aún es prematuro proyectar los daños económicos, pero por cierto se han elevado los costos logísticos y afectado el abastecimiento.

Chile no puede evitar la lluvia ni anticipar con exactitud cada desborde, pero sí puede prepararse mejor para fenómenos que volverán a ocurrir. Prever no significa adivinar el próximo frente sino contar con ciudades, servicios e infraestructura capaces de seguir funcionando o de recuperarse rápidamente cuando ese frente llegue.

Un informe publicado en marzo de este año por el Ministerio de Hacienda y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), denominado “Análisis de la Inversión Climática Pública en Adaptación: Diagnóstico y recomendaciones para orientar la inversión según las necesidades y vulnerabilidades del país”, ayuda a dimensionar el desafío. El documento señala que el 84% de las comunas chilenas presenta uno o más riesgos climáticos altos. También recoge una estimación según la cual las inundaciones de 2023 generaron costos efectivos por US$1.808 millones solo en obras públicas y viviendas, frente a US$251 millones asociados a los incendios forestales de ese año. Así las cosas, es evidente que no hablamos únicamente de una contingencia ambiental o social, sino también de una inevitable factura fiscal.

Chile sí ha avanzado. Entre 2021 y 2023 destinó más de $242 mil millones a adaptación del hábitat humano, principalmente para prevenir inundaciones y aluviones. El Ministerio de Obras Públicas cuenta además con un plan para 2025-2029. El punto no es afirmar que nada se hace, sino preguntarnos si estamos invirtiendo con la escala, oportunidad y focalización que exige el riesgo. De hecho, el análisis mencionado reconoce que aún no existe un alineamiento claro entre los recursos destinados, las prioridades y los sectores vulnerables y que solo un 6% de la inversión estudiada se concentró en infraestructura.

La discusión suele aparecer cuando el daño ya está a la vista. Entonces se movilizan recursos, se entregan ayudas y comienza la reconstrucción. Todo ello es indispensable. Sin embargo, cada peso destinado a reconstruir una obra que pudo diseñarse o mantenerse con mejores estándares deja de financiar otra carretera, una escuela, un hospital o una política social. El costo de no prevenir incluye siempre un costo de oportunidad y la falta de resiliencia no solo es cara sino también desigual. Los hogares de menores ingresos suelen estar más expuestos, habitan viviendas menos resistentes y tienen menor capacidad para reponer lo perdido. Asimismo, para un pequeño comercio o para un trabajador informal, algunos días sin operar pueden significar la pérdida del ingreso del mes.

La prevención enfrenta una dificultad conocida. Cuando funciona, aparentemente no ocurre nada. Un cauce limpio, un colector bien mantenido o una red eléctrica preparada no generan imágenes memorables. La reconstrucción, en cambio, es visible, urgente y permite mostrar acción. Así terminamos premiando la respuesta y subestimando el mantenimiento silencioso que evita que una emergencia se transforme en desastre.

Necesitamos incorporar la resiliencia como criterio económico en las inversiones públicas y privadas; proteger los presupuestos de mantenimiento; actualizar estándares de infraestructura y medir tanto el costo directo de las emergencias como las pérdidas productivas.

Chile no puede controlar la lluvia, pero sí puede decidir cuánto daño está dispuesto a tolerar. En un país expuesto a eventos naturales cada vez más disruptivos, prevenir no es gastar antes de tiempo, es evitar pagar varias veces después.

*El autor de la columna es abogada y directora de empresas