La carrera presidencial ha estado marcada en las últimas semanas por el debate sobre una de las ofertas más populistas, referida a la posibilidad de eliminar el pago por contribuciones respecto a la primera vivienda.

Los argumentos al respecto suman varios retractores, como aquellos que cuestionan por sus impactos negativos para el financiamiento municipal y el hecho que aparentemente beneficiaría particularmente a los sectores de población de mayores ingresos en razón de que, de acuerdo al avalúo fiscal de las propiedades, aproximadamente actualmente el 80% no paga contribuciones.

Por otro lado, están los que argumentan a favor, apelando a que el hecho de adquirir una propiedad ya comprometió un pago de impuestos, siendo entonces derechamente un impacto al patrimonio que castiga especialmente a las clases medias y los jubilados, así como en razón de la falta de eficiencia de los municipios en la inversión de esos recursos, sumado al juicio de la poca transparencia del Servicio de Impuestos Internos respecto a los criterios que ocupa para el revalúo fiscal.

En ese debate cruzado entre argumentos a favor y en contra que compromete a diversos actores políticos, expertos y autoridades, se esconde un asunto de orden más estructural, relativo a la implicancia que tiene para el financiamiento comunal la dependencia del fondo común municipal. Este fondo desde hace décadas resulta ser absolutamente insuficiente para equiparar la dotación de bienes y servicios públicos y privados entre comunas, como los refleja el índice de calidad de vida urbana (ICVU 2024) recientemente publicado.

Lo anterior, no es más que el resultado de un modelo de planificación urbana desregulado que ha generado ciudades segregadas y fragmentadas, especialmente al área metropolitana de Santiago, derivado de una subordinación de la gestión local y metropolitana a políticas sectoriales no integradas, sumado a los diferenciales existentes en capacidad de gestión y autonomía municipal para enfrentarlo.

Por lo tanto, reconociendo la importancia que reviste el casi 40% de aporte de las contribuciones al fondo común municipal, más allá de la discusión de lo apropiado de mantener o cancelar esta obligación, la invitación a quienes pretenden gobernar el país está en adentrarse en lo que está en juego detrás del debate del pago de contribuciones.

Eso significa reconocer que se requiere con urgencia una planificación urbana y territorial más integrada a sus distintas escalas de gobierno, mecanismos de financiamiento que permitan dotar los municipios de las misma capacidad de recursos humanos, técnicos y financieros para compensar los desequilibrios existentes derivados de un ordenamiento territorial injusto y desequilibrado. De no ser así, el debate sobre el pago de contribuciones resulta ser un distractor frente a desafíos más profundos que impactan en la calidad de vida de las personas (accesibilidad, áreas verdes, seguridad, entre otras) las cuales requieren propuestas menos populistas y con más sentido de país.

Por Arturo Orellana, economista y director Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC.