El proyecto de ley que ajusta la segunda etapa de instalación de los SLEP ha instalado un debate muy necesario. Conviene precisar algo esencial desde el inicio: esta iniciativa no altera la arquitectura de la Nueva Educación Pública ni renuncia a su objetivo. Por el contrario, reconoce que una fecha en el calendario no puede anteponerse a la calidad y continuidad del servicio educativo que reciben miles de estudiantes.

La Ley N°21.040 se construyó sobre dos premisas: la calidad como objetivo y la gradualidad como método. Su propio mensaje señalaba que la instalación progresiva debía permitir acumular aprendizajes y realizar ajustes entre una etapa y otra. Esa lógica sigue vigente. Lo que la experiencia ha demostrado es que los resultados entre los distintos servicios locales son heterogéneos, y que persisten dificultades administrativas, financieras y de instalación que pueden comprometer un traspaso adecuado.

En Acción Educar analizamos los resultados de los SLEP en tres indicadores. El hallazgo principal es que el traspaso no ha eliminado la heterogeneidad que ya existía en el mundo municipal ni ha elevado sostenidamente la calidad para todos. Basta mirar los cuatro SLEP más antiguos, implementados en 2018, con más de siete años de funcionamiento. En Lectura, un 53,8% de las comunas mejora sus resultados SIMCE, un 23,1% se mantiene y otro 23,1% empeora; en Matemática el panorama es similar, con solo un 46,2% que mejora. El mismo patrón disímil aparece en otras dimensiones: en asistencia, las comunas registran caídas de entre 1 y 3 puntos porcentuales entre 2017 y 2025; y en convivencia escolar, las denuncias a la Superintendencia por cada mil estudiantes suben en línea con la tendencia nacional, pero con magnitudes muy dispares entre territorios.

Ese es justamente el argumento de fondo. Si los resultados dependen tanto de las condiciones de cada territorio, forzar traspasos por mero cumplimiento de calendario no asegura calidad: la arriesga. Y las condiciones actuales distan de ser las adecuadas. Los diagnósticos disponibles han identificado numerosos nudos críticos: déficit financiero estructural en la operación, deudas previsionales de arrastre, infraestructura con locales en estado de deterioro riesgoso o grave, sobredotación de personal y una doble naturaleza jurídica que dificulta la gestión. Precisamente por ese diagnóstico el proyecto extiende los plazos: para dar tiempo a hacerse cargo de los problemas que se van identificando y asegurar que cada traspaso se realice en las mejores condiciones posibles. La flexibilidad no es excusa para dilatar, sino la herramienta para que el cambio de sostenedor ocurra cuando el servicio esté verdaderamente preparado.

La urgencia es real. El calendario vigente concentra 34 traspasos entre 2027 y 2029, de los cuales 12 corresponden a servicios que ni siquiera han sido creados, y la Ley N°21.819 sumó recientemente nuevas exigencias al proceso, elevando aún más la carga sobre esos años.

Por eso valoramos las tres modificaciones centrales del proyecto presentado. Primero, la recalendarización ordena la instalación con un ritmo razonable y un horizonte definido. En este punto, conviene transparentar los criterios que definirán qué servicios se instalan primero. Segundo, la facultad presidencial de postergar un traspaso hasta por tres años, mediante decreto fundado, permite evaluar si un servicio está realmente preparado antes de entregarle establecimientos. Respecto a esto, es útil precisar las causales detrás de cada definición y dar un plazo de aviso mayor a los dos meses propuestos.

Tercero, permitir que los municipios con buenos indicadores conserven transitoriamente la administración de sus colegios, en lugar de obligarlos a entregarlos a un Servicio que aún no está en condiciones de asegurar resultados equivalentes o superiores. La medida es especialmente atendible: no resulta razonable trasladar establecimientos con buen desempeño hacia estructuras todavía en proceso de instalación, cuando ello puede significar un retroceso para sus estudiantes. Mantener esa administración mientras los servicios de destino alcanzan las condiciones necesarias resguarda la continuidad y la calidad, que son precisamente los objetivos del proyecto. En esto, es clave que el criterio de “resultados superiores al SLEP” se apoye en indicadores comparables que controlen por vulnerabilidad y ruralidad, y que, dado que un buen promedio municipal puede ocultar diferencias significativas entre colegios de una misma comuna, quien conserve la administración se comprometa a implementar mejoras a sus establecimientos más rezagados.

El proyecto perfecciona los mecanismos de implementación y permite que cada traspaso se concrete cuando existan las condiciones para asegurar un buen servicio educativo. Con ello, por fin, el calendario queda al servicio de la calidad.

Por Francisca Espinoza, directora de Estudios Acción Educar