Es una buena noticia que el gobierno haya decidido quitarle urgencia a la reforma constitucional que ampliaba significativamente las facultades presidenciales en materia de seguridad. La propuesta tenía problemas evidentes por la extensión de esas atribuciones excepcionales, tal como lo han advertido distintos especialistas (y no solo de oposición). Pero había además otro riesgo, quizás menos visible, que consistía en volver a instalar a la Carta Fundamental en el centro de la discusión pública.

Chile pasó demasiados años entrampado en ese debate. Desde 2019, buena parte de nuestras diferencias terminó expresándose en clave constituyente. En las dos propuestas rechazadas gastamos una cantidad enorme de energía en discutir las bases institucionales del país. Después de eso, uno de los pocos consensos que parecía haberse asentado era que convenía cerrar ese capítulo. Las encuestas ya lo mostraban entonces y lo siguen mostrando hoy.

Es indudable que la seguridad es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestro país, y que se necesitan nuevas herramientas, mejores leyes y mayores capacidades para combatir el crimen organizado, controlar las fronteras y recuperar territorios donde su presencia se ha debilitado. Pero de ahí no se sigue que cada dificultad deba escalar hasta el nivel constitucional.

No porque la Constitución sea irrelevante, sino precisamente por lo contrario. Su función principal es fijar las reglas dentro de las cuales opera la democracia, no transformarse en el instrumento para resolver cada problema contingente. Debe delimitar poderes, reconocer derechos, organizar el Estado y establecer procedimientos. En términos simples, demarcar la cancha.

Por lo demás, un texto que se modifica cada vez que cambia el diagnóstico de turno deja de ser un marco compartido y pasa a ser un botín de la competencia electoral. Y lo cierto es que el precedente nunca queda encapsulado: la reforma que hoy puede ampliar las atribuciones del Presidente permite y legitima que el siguiente lo haga con otros fines. La prudencia constitucional no es, pues, una forma de inmovilismo. Es, más bien, la condición para que las reglas conserven algún valor cuando de verdad haya que invocarlas.

Así las cosas, la estabilidad política también pasa por saber cuándo no modificar las reglas fundamentales. Es urgente que volvamos a acostumbrarnos a resolver los problemas públicos mediante gobiernos que gobiernan, congresos que legislan y mayorías que responden por sus decisiones. En ese sentido, retirar la urgencia fue una buena señal del gobierno de Kast. Supuso reconocer que enfrentar con decisión la crisis de seguridad no exige convertir cada respuesta en una reforma constitucional. Si esa prudencia se mantiene, el Ejecutivo habrá contribuido no solo a enfrentar uno de los principales problemas del país, sino también a consolidar la normalidad institucional que tanta falta nos hace.

Por Juan Luis Ossa, historiador, director ejecutivo del CEP