Quienes firmamos esta columna hemos participado como Consejeros Académicos, elegidos democráticamente entre pares, del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT).

Lo hemos hecho con constancia, compromiso y poniendo a disposición del país nuestras facultades y sus equipos, conocimiento, investigación y experiencia profesional ad honorem, junto a representantes del Estado, gremios, sociedad civil y otros actores.

Una eventual supresión del CNDT nos preocupa por la señal que estaría entregando el Estado respecto de la continuidad de una política pública clave que ha buscado trascender los ciclos de gobierno. La reciente decisión de reactivar la discusión sobre la Política Nacional de Desarrollo Urbano y convocar nuevos actores partiendo ex nihilo no puede comenzar desconociendo lo construido. Empezar de nuevo no es innovar: es perder capacidades, acuerdos y tiempo.

La Política Nacional de Desarrollo Urbano surgió de un proceso amplio y transversal, y el CNDU fue creado en 2014 para acompañar su implementación y proyectarla más allá de una administración. Ese espíritu se mantuvo durante gobiernos políticamente distintos y se amplió con la creación del CNDT, integrando las dimensiones urbana, rural y territorial.

En ese recorrido se consensuaron diagnósticos, propuestas, indicadores, metodologías y, sobre todo, acuerdos transversales sobre integración social, suelo, planificación, regeneración, movilidad, resiliencia, patrimonio y equidad territorial, gracias al diálogo con actores de regiones, municipios, organizaciones sociales, academia y sector privado. Aprendimos a construir confianzas, lenguajes comunes y acuerdos entre actores con intereses, disciplinas y experiencias diferentes. Desconocer ese trabajo sería desaprovechar un capital institucional que pertenece al Estado y a la sociedad, no a una administración particular.

La ciudad es, por definición, una tarea de largo plazo. Las decisiones sobre el territorio tienen efectos físicos, económicos, sociales y ambientales que perduran por décadas y superan, por mucho, los cuatro años que dura una administración.

El déficit habitacional refleja esta tensión: la presión por exhibir resultados rápidos puede llevar a privilegiar el número de viviendas construidas por sobre su localización, calidad urbana, conectividad o acceso a servicios. Pero una vivienda no es solamente una unidad habitacional: es también acceso a escuelas, salud, transporte, empleo, áreas verdes y redes de apoyo. Cuando esas dimensiones se separan, los costos aparecen después en forma de segregación, largos tiempos de viaje y barrios que el propio Estado deberá volver a intervenir.

El cambio climático y el riesgo de desastres hacen todavía más evidente el desfase entre la temporalidad política y la territorial. Incendios, inundaciones, sequías u olas de calor no se ajustan al calendario electoral. Reducir la exposición de nuestras ciudades, proteger ecosistemas, asegurar infraestructura crítica y planificar territorios resilientes requiere decisiones sostenidas entre gobiernos e instituciones. Lo mismo ocurre con la regeneración de centros históricos, la recuperación de barrios deteriorados, la protección del patrimonio o la reducción de las desigualdades territoriales.

Ninguno de estos desafíos comienza ni termina con el principio y fin de un gobierno, son desafíos de siglo XXI que debemos enfrentar con políticas urbanas vigentes y acordes a los cambios que estamos experimentando. Las ciudades y los territorios no parten desde cero cada cuatro años, nuestra institucionalidad tampoco puede hacerlo.

Por Magdalena Vicuña, decana Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC, Alejandra Celedón, decana Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño UDP y Jorge Inzulza, decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo, U de Chile.