Por Iván Poduje, arquitecto

Mientras algunos parlamentarios vulneran la Constitución y otros se vanaglorian de bajarse el sueldo de 9 a 7 palos mensuales, los campamentos aumentaron en Santiago de forma dramática. En solo un año aparecieron verdaderas ciudades informales en Cerro Navia, Maipú y Batuco, que sumaron 1.800 familias, generando un aumento de 42% respecto al registro que lleva Techo.

Muchas personas vienen de bloques de vivienda social, donde la pandemia ha sido una pesadilla. La cuarentena no se puede cumplir por el hacinamiento, lo que se suma a crecientes niveles de violencia por la acción de barras bravas y narcotraficantes. En las clases medias, la situación también se ha complicado. En los últimos 10 años, los precios de las viviendas crecieron el doble que los salarios, impidiendo que muchos hogares puedan cumplir el sueño de la casa propia como lo hicieron sus padres, y con la crisis actual, miles de familias no saben cómo pagarán sus dividendos o arriendos.

Este drama social se podría reducir si el Estado aportase los terrenos que tiene abandonados o subutilizados. Solo en el Gran Santiago existen más de mil hectáreas donde se podrían construir 50 mil viviendas con precios accesibles y ubicaciones centrales. Entonces, ¿por qué no se desarrollan? ¿Por qué el Estado retiene esta tierra como un gigante egoísta, mientras miles de personas deben vivir hacinadas o esperar años para juntar el pie de su departamento?

La primera razón es que los incentivos de los organismos públicos que controlan el suelo, no están alineados con el interés público. Tanto la Empresa de Ferrocarriles, como las Fuerzas Armadas, la Corfo, el INIA o ministerios sectoriales, pretenden “hacer caja” con estos terrenos, y como no tienen apuro, especulan con el precio y los dejan en engorda. En no pocas ocasiones el Estado no sabe que los terrenos son suyos, y en otros, los arquitectos nos engolosinamos diseñando ciudades perfectas en alguna repartición pública hasta que cambia el gobierno y se vuelven a dibujar de nuevo.

El sector privado tampoco ayuda. Muchas inmobiliarias ven estos suelos como una “competencia desleal”, así que cada vez que sale una propuesta para reactivar la economía, el foco son los subsidios y rebajas tributarias; nunca los terrenos fiscales abandonados. Esta situación es insostenible. En una crisis tan severa, no es aceptable que el Estado siga especulando o soñando que hace grandes negocios. Lo que corresponde es que transforme estos suelos en barrios, junto al sector privado, construyendo viviendas amplias, rodeadas de parques y servicios. Esto que suena tan ideal, ya se hizo en los años 60. Así se levantó la Villa Frei o la Unidad Vecinal Providencia, que hasta hoy mantienen su calidad. El suelo está. La necesidad también. Solo falta la voluntad y el sentido de urgencia.