“En un juicio nuestro gran obstáculo son las víctimas”, me dijo una vez un fiscal. “No quieren declarar, se demoran mucho tiempo, a veces incluso se retractan de lo que dijeron. Prácticamente no nos dejan hacer nuestro trabajo”. Me sorprendió y me chocó lo que estaba escuchando. Fue hace más de diez años, en un seminario sobre abuso sexual infantil y justicia.

Comprendí que para la sociedad lo importante era probar o descartar la responsabilidad de un posible agresor. Dentro de todas las pruebas para ello, la víctima, su historia, su voz frágil y quebrada, su dolor y su confusión, era tal vez la más importante. Es decir, la víctima era, para algunos fiscales de esa época, un medio de prueba, un medio. Nosotros acompañamos víctimas. Sus biografías heridas son, para nosotros, el tesoro delicado al que nos aproximamos con cuidado y respeto. Jamás serán un medio para otra cosa, ni siquiera para la justicia. Desde una mirada ética y política, es la justicia la que está al servicio del cuidado de las víctimas. No al revés.

En cualquier vulneración, hablar y denunciar es dificultoso para quien ha sido víctima. El sistema es hostil, la sociedad prefiere no saber y, para no saber, prefiere que no hablen. Los victimarios buscan alianzas para silenciarlas, con el sistema, con sus familias, incluso con otras víctimas. Les confirman sus miedos más profundos: nadie te creerá, lo que ocurrió fue tu culpa, será su palabra contra la tuya.

El 39,1% de quienes sufrieron abuso sexual en la infancia no se lo contó nunca a nadie; solo el 8,9% llegó a una denuncia, y el 3,0% vio a su agresor condenado (Centro CUIDA, 2021). La Ley 21.160, que en 2019 declaró imprescriptibles estos delitos, reconoció que el tiempo de la víctima es distinto a los tiempos de procedimiento judicial. La ley lo reconoce, aunque como sociedad aún no.

Lo mismo que hizo sufrir a una víctima es lo que fragiliza su voz. Hablar tiene para ellas una dificultad directamente proporcional a su sufrimiento. La colusión social del silenciamiento es tan eficaz como el sufrimiento. El desprestigio, hacerla sentir loca, inestable, mentirosa públicamente por decir lo que sufrió, el desprecio y la culpabilización son parte del abuso, no algo distinto. Las consecuencias del abuso pueden ser devastadoras para la víctima, y lo son para la comunidad humana completa: impiden prevenir, obligan a las víctimas a silenciarse, enrostrándoles el costo de hablar. Esto es lo que queremos cambiar.

Cambiarlo requiere cuestionar un paradigma social dominante, centrado en proteger una estructura rígida y etérea de lo que son el Estado y la paz social. Si se busca proteger la estructura en sí, la paz social, la estabilidad, lo que se protege es el poder, silenciando a los más frágiles y resquebrajando a mediano plazo la estructura real, la que existe y sostiene sistémicamente lo social.

Escuchar la voz de las víctimas es fortalecer el tejido social desde lo más profundo. Previene vulneraciones cuyas consecuencias personales, sociales y políticas, como hemos mostrado en columnas anteriores, tienen costos mucho mayores que cualquier incomodidad procesal.

Ese fiscal tenía razón en una cosa. Las víctimas se demoran. Pero se equivocaba en todo lo demás. No son el obstáculo del juicio, sino la razón por la que existe.

Por José Andrés Murillo, Fundación para la confianza.