Por Ignacia Fernández, investigadora asociada del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Un ámbito del proyecto de nueva Constitución que ha sido objeto de cuestionamientos es el Estado Regional. Incluso algunos antiguos supuestos defensores de la descentralización critican el contenido de esta propuesta. Curioso, pues esta es la concreción de una anhelada aspiración de quienes llevamos décadas promoviendo la descentralización, porque creemos que el desarrollo de Chile pasa por un mayor reconocimiento de su diversidad territorial, así como por una mejor integración de los objetivos de crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

La diversidad del país se expresa de norte a sur y de mar a cordillera en múltiples identidades, actividades productivas, culturas, paisajes y formas de vida. Apostar al reconocimiento y valoración de esta diversidad es clave para asegurar que cada territorio despliegue al máximo sus oportunidades.

Promover la equidad y la justicia territorial es una forma de valorar al mismo tiempo cada territorio y sus particularidades, así como los procesos y resultados para el conjunto del país que resultan de políticas basadas en la diversidad territorial. Llegamos, así, a la cada vez más evidente necesidad de integrar en una misma estrategia de desarrollo tres objetivos que históricamente hemos tratado en forma separada, priorizando unos por sobre otros: crecimiento, inclusión y sostenibilidad.

Como hace más de una década viene proponiendo la OCDE, una política regional que se haga cargo de estos tres objetivos es buena para Chile, así como para cada uno de sus territorios.

Ahora bien, la propuesta que nos ofrece la Convención Constitucional es una respuesta lúcida y acertada para el logro de un desarrollo con equidad territorial.

La valoración de la diversidad se expresa tanto a nivel de enunciados generales del texto, como en medidas concretas tendientes a asegurar la autonomía de las entidades territoriales, reconocer la existencia de territorios especiales y de distintos tipos de comunas, que podrán tener distintas competencias y apoyos de parte del Estado central. Se expresa, además, en una comprensión innovadora para Chile, según la cual “el Estado deberá generar políticas públicas diferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y particularidades de los entes territoriales”.

La necesaria integración de las estrategias de crecimiento, inclusión social y sostenibilidad es también evidente en la propuesta constitucional. Para avanzar en esa dirección se entregan competencias clave en las tres dimensiones al gobierno regional, de modo tal que estas puedan ser conducidas desde una estrategia liderada a nivel regional -y no como ocurre en la actualidad, de manera compartimentalizada entre distintos ministerios. Se promueve al mismo tiempo la coordinación de los agentes territoriales con los órganos centrales con presencia en el territorio.

El texto es, sin lugar a dudas, un avance importante respecto de lo que hoy tenemos en materia de descentralización. Apunta en la misma dirección del consenso en torno a la materia que empezó a gestarse en Chile con el informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización que convocó la Presidenta Bachelet a comienzos de su segundo mandato; consenso que dio inicio a un proceso de transferencia de competencias que supuestamente está en curso, que de impulsarse con decisión debiera llegar a un resultado similar al propuesto por los convencionales en materia de atribuciones para el ejercicio de la necesaria autonomía territorial.

La nueva Constitución acelerará el proceso, avanzando también -con firmeza, pero con cautela- en la temida descentralización fiscal. Nada hace prever que en esta materia la propuesta vaya en un sentido equivocado -como temen los detractores de la nueva Carta- o muy distinto de un anhelo compartido por buena parte de quienes viven en regiones distintas de la Metropolitana.