El debate sobre el sistema de financiamiento universitario es demasiado importante como para abandonarlo en el ámbito de las consignas políticas. Debemos hacer un esfuerzo en pos de llevarlo al plano de la discusión racional. Con este fin, comenzaré exponiendo la mejor versión de la postura frenteamplista respecto del problema del Crédito con Aval del Estado (CAE). Ellos señalan que son muchos los estudiantes que no pueden pagar el CAE debido a que los ingresos que han logrado están muy por debajo de la inversión comprometida. De esto deducen que no deberían pagar la deuda, pues implícita en el contrato educacional se encontraba la idea de que los títulos profesionales obtenidos generarían retornos adecuados para cubrir la inversión, y eso no se ha verificado en muchos casos (lo extraño, como hemos visto esta semana, es que el FA tiende a defender también a quienes pueden, pero no quieren pagar, pero ese es otro tema).

En estas premisas se exponen dos problemas: hay profesionales que no pueden pagar sus deudas estudiantiles y hay carreras profesionales que no generan ingresos que justifiquen su estudio. El primer problema es una tragedia evidente, y parece racional y justo buscar alguna forma para socorrer a los afectados. El drama humano de profesionales que pasaron de ser la esperanza de la familia a ser cargas sin futuro laboral en lo que estudiaron y con una capacidad de crédito dañada no puede ser soslayado. Sin embargo, el segundo problema es incluso más grave a nivel sistémico: nuestra educación superior parece ofrecer demasiados programas sin destino laboral. Hay una sobreoferta de credenciales académicas que tienen poco o ningún valor en el mercado de trabajo. ¿Cuántos programas? Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica del 2025 afirmaba que un 35% de las carreras ofrecidas en Chile tenía un retorno económico negativo, concentrando un 40% de la matrícula. Incluso, si el número real fuera la mitad, el escenario sería escalofriante.

Llegamos, entonces, a la contradicción de fondo: es ilógico pretender perdonar el CAE a quienes no pudieron pagarlo debido al retorno negativo de sus estudios, al mismo tiempo que querer seguir expandiendo la matrícula universitaria sin ton ni son, sea mediante deudas privadas o con cargo a los impuestos de todos los chilenos. Que estudiar sea “gratis” le quita el problema de la deuda al estudiante, traspasándolo a todos los contribuyentes, pero no hace más rentable su carrera. Frente a esto, la izquierda no tiene propuesta alguna. De hecho, su única consigna es seguir expandiendo la gratuidad.

Invertir miles de millones de dólares en programas de estudio que tienen un retorno negativo para quienes los cursan es absolutamente irracional. Especialmente si se considera el costo alternativo de esa inversión en un país con serios problemas para ofrecer educación primaria y secundaria de calidad, cubrir los costos de la salud pública o construir casas a los más necesitados. Es demasiado claro que esos recursos son mucho más requeridos en otros ámbitos.

Por cierto, se pueden hacer ajustes que no causen una disrupción demasiado grande, pero corrijan, en lo posible, la situación. Uno de ellos, que parece contar con bastante apoyo, es reducir la duración de todas las carreras con retornos dudosos. Si en vez de cinco años duraran tres, el ahorro de recursos sería notable, y el potencial daño a los estudiantes sería limitado, pues podrían reinventarse con mayor facilidad una vez egresados.

Otra medida en la misma dirección, pero más osada y experimental, sería permitir la postulación a los estudios superiores con segundo medio, en vez de cuarto. Esto, pues, como han señalado estudios recientes de la Universidad Católica, los programas propedéuticos o de nivelación universitarios, que intentan corregir a última hora la pésima formación de base con la que llegan muchos estudiantes, parecen cumplir bastante bien su función. Luego, si el estudiante pudiera comenzar sus estudios superiores a los 16 años, y muchas de las carreras duraran tres años, podría estar completando su educación media además de obtener un título profesional a los 19 años. Así, habría ganado tiempo, y el Estado, recursos.