Evelyn Matthei desistió de su querella que apuntaba a la campaña de José Antonio Kast, con la cual buscaba responsabilizarlo de orquestar actividades online de desinformación en su contra, dado el surgimiento de posteos que sistemáticamente buscaban lo que se conoce como un “asesinato de carácter”, haciendo ver a la candidata como fuera de sus cabales.

Las verdaderas razones del desistimiento solo las conoce Matthei y su círculo cercano, pero es probable que se deba a que una querella en medio de una campaña puede ser contraproducente, pues no es fácil imprimir tiempos políticos a los tiempos judiciales, o porque Matthei marcó el punto, y Kast tal vez optó por desistir en la senda de las fake news, al menos contra su rival por derecha.

Tal vez el episodio quede ahí, pero lo que sin dudas va a proseguir es el fenómeno de la desinformación. Si bien este tipo de campañas antes llamadas de “intoxicación informativa” existen desde que hay competencia política, la era digital ha multiplicado exponencialmente su poder y eficiencia.

Las redes sociales, como X, Instagram, Facebook, TikTok o Whatsapp, permiten la difusión masiva de mensajes maliciosos, que van a dar “cámaras de eco”, compuestas por públicos hipersegmentados y cerrados, en las cuales esos mensajes circulan sin mayores controles de veracidad y bajo el radar del conjunto de la sociedad y las autoridades, con lo cual es posible desprestigiar, denigrar, tergiversar y mentir -impune y anónimamente-, con el propósito de socavar alguna opción política.

Pero no solo eso, esta desinformación responde al trabajo de toda una industria en las sombras, la cual ya tiene una década de existencia, si consideramos como punto de partida las revelaciones del colombiano Andrés Sepúlveda, quien narró a Bloomberg en 2016 como “hackeó” varias elecciones en Colombia, Nicaragua, Panamá, Venezuela y México. Posteriormente se ha sabido más, dadas las denuncias contra Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes habrían hecho uso de esta industria no solo en sus campañas electorales, sino que también para promover sendas insurrecciones, después de perder las elecciones.

Se trata de una infraestructura organizada, física (es decir oficinas y hardwares), digital (como granjas de bots dispuestos a replicar posteos), conceptual y financiera, la cual es manejada por inescrupulosos a nivel transnacional, quienes ofrecen a sus clientes campañas de desprestigio y amenazas, sin dejar huella, pues los eventuales delitos involucrados muchas veces se cometen extraterritorialmente.

En Chile no solo está el caso de la acusación de Matthei. Por ejemplo, cuatro años atrás Mario Desbordes y Heraldo Muñoz acusaron una campaña de fake news en su contra; una conspiración en la que participó un periodista venezolano, un diario de dudoso prestigio y un diario reconocido de Venezuela, que terminó dando por verosímil la versión de que hay políticos chilenos con cuentas bancarias millonarias fuera de Chile. También hay que incluir la campaña conocida como “Chilezuela”, mediante la cual se perjudicó la opción de Alejandro Guillier en 2017, a partir de un tuit falso en el cual Nicolás Maduro endosaba su respaldo al candidato centroizquierdista.

Todos estos casos tienen en común que se tratan de potenciales pesadillas judiciales, pues los medios de prueba, la territorialidad donde se cometen los eventuales delitos e incluso los tipos penales, están completamente desactualizados en la legislación. Tal vez sea esta y no otra la razón por la cual Matthei desistió. Una lástima, desde la perspectiva del derecho penal, pues aunque el camino sea pedregoso esta vía permite al menos desentrañar cómo opera esta “dark-industry”, lo que podría acelerar una legislación adecuada para estos potenciales delitos de nuevo cuño.

Algo que es urgente no solo para cuidar la solidez de nuestra democracia, sino porque no sabemos la naturaleza de esta actividad ilícita e ilegítima, la cual puede -¿por qué no?- terminar capturando a sus propios clientes, en tanto manejan información oscura respecto de cómo llegaron al poder.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, U. de Chile