Por Camilo Cid Pedraza, director nacional del Fonasa

Las falacias son afirmaciones que parecen ciertas, pero no lo son. Se usan para persuadir a quienes por distracción, ignorancia o predisposiciones ideológicas, las creen y asimilan como verdades, y posteriormente se hacen eco de ellas, difundiéndolas. Engañan, pues distraen con alguna premisa verdadera para implicar algo ambiguo o derechamente falso, que suele ser de gran impacto mediático.

Cuando hablamos de reforma a la salud, el argumento verdadero es que efectivamente se ha planteado el fin de las Isapre. La afirmación falaz es que esto producirá un desastre en el sistema de salud por la supuesta prescindencia de proveedores privados. Se dice que al desaparecer las Isapre se generarán grandes costos para el fisco, así al menos lo señalan en las noticias distintos centros de estudios ligados al sector privado.

Usemos la lógica: si las Isapre no existieran, ¿por qué ello implicaría costos para el fisco?, ¿por qué el financiamiento que hoy destinan quienes están en Isapre no alcanzaría, al menos para lo mismo, mañana? A todas luces se trata de un argumento falso y descansa sobre el supuesto de que ellos sólo dispondrán del 7%, siendo que hoy destinan más del 10% al pago de primas (además, por cierto, de un alto gasto de bolsillo). Eso ya no estaría como financiamiento, pero si como gasto, y entonces tendría que ponerlo el Estado, culminando en el absurdo de una reforma regresiva.

Que se acaben las Isapre no significa que se termine el financiamiento de la salud. De lo que se trata, justamente, es de reestructurarlo en función de objetivos que benefician a todos y todas, desde una lógica sanitaria, que supere la segregación, asegure el acceso a la salud y evite las desigualdades. En base a un diseño adecuado, la reforma puede permitir a los actuales cotizantes de Isapre incluso gastar menos dinero y recibir servicios de mayor calidad.

Lo cierto es que con el fin de las Isapre la sociedad en su conjunto podría beneficiarse, si a la vez aprovecha los efectos positivos de la existencia de un Fondo Único de Salud (FUS). El FUS permitiría desplegar grandes economías de escala y asegurar un eficiente uso de los recursos. Así lo ha demostrado la experiencia internacional de países que cuentan con sistemas de salud universales y únicos, con amplios fondos de mancomunación de recursos. Los más avanzados de la OECD han mostrado que son menos onerosos para las sociedades y de administración más eficiente, al mismo tiempo que cultivan la solidaridad. Y cuando en los sistemas de provisión que son públicos, y participan los privados, lo hacen de manera regulada por reglas públicas.

Desde sus inicios las Isapre han discriminado a las personas por su capacidad de pago, sexo, edad o condición de salud. Se rigen bajo criterios de mercado, sin lógica sanitaria. Aún en situaciones excepcionales, como la pandemia, bajo la lógica del lucro, tuvieron sus máximas ganancias en décadas en el primer año de crisis, gracias a la drástica disminución del uso de los servicios prepagados por sus usuarios e incluso hoy buscan una nueva alza de precios de las primas, mientras el sistema público financia solidariamente la mitigación de la pandemia y la vacunación masiva.

El diagnóstico del actual sistema de salud, desigual, fragmentado y segmentado, es mayoritariamente compartido. Hoy tenemos una enorme oportunidad para instaurar la salud como un derecho para todos los habitantes de Chile. Que no sea destruida a costa de continuar tratando de instalar falacias.