El Congreso Nacional despachó la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial de la Fiscalía Nacional, unidad especializada en la persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad. Tras más de 20 años de vigencia del actual sistema procesal penal en nuestro país, la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial marca un antes y un después en la forma de trabajar, de enfrentar los delitos y de adecuar el sistema penal al escenario vigente, considerando especialmente la relevancia que ha tomado el crimen organizado transnacional.

Dicha relevancia se ve corroborada por el amplio y transversal apoyo que el proyecto de ley tuvo – tanto en la Cámara como en el Senado- durante toda su tramitación legislativa. Y es de toda justicia agradecer el compromiso que tanto los legisladores como el Ejecutivo tuvieron con esta transformación tan relevante.

La Fiscalía Supraterritorial -que se incorpora a la Ley Orgánica del Ministerio Público- tendrá facultades para actuar respecto de los delitos cometidos dentro de nuestro país y de los que cometan organizaciones criminales hacia nuestro país. Y complementa el modelo regionalizado actual de la institución, para dar respuesta a la expansión territorial y creciente sofisticación de las asociaciones criminales y delictivas, que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. Estará dotada de un diseño institucional diferenciado y se articulará mediante un sistema especializado de análisis criminal que fortalecerá la persecución penal en estos ámbitos.

Esta iniciativa desarrolla además una estrategia de trabajo que la experiencia comparada reconoce como la más apropiada para combatir esta amenaza permanente, policriminal y transnacional.

Le corresponderá actuar en delitos cometidos en contexto de crimen organizado o de alta complejidad, cuando existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos que se investigan involucren a más de una región del país o tengan carácter transnacional.

Integrará un equipo técnico especializado, compuesto por fiscales adjuntos con experiencia en litigación compleja, con evaluaciones exigentes y en un régimen de rotación limitado en el tiempo.

Para los fiscales adjuntos adscritos a la Fiscalía Supraterritorial, se fijan requisitos distintos de ingreso y mecanismos de evaluación de desempeño y se establece un plazo máximo de permanencia de cinco años renovable por una vez, con la obligación de retornar a la Fiscalía Regional de origen. Así, se refuerza el carácter técnico-especializado y rotativo del equipo, además de contribuir a la probidad de sus integrantes de un modo preventivo.

La nueva unidad se verá reforzada en sus mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso, pues el Fiscal Jefe debe exponer anualmente sobre su gestión, y el Fiscal Nacional debe informar al Poder Legislativo sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado.

Otro aspecto importante es que se fortalecen las facultades para asegurar la atención y la protección de víctimas y testigos, incorporando una atribución explícita para adoptar medidas que aseguren su atención adecuada, en el marco de las investigaciones por crimen organizado.

Sabemos que la actividad del crimen organizado transnacional constituye una amenaza permanente para el Estado de Derecho en América Latina y sus instituciones, sin distinción. La Fiscalía Supraterritorial dotará a Chile de una herramienta eficaz, moderna y a la altura de los desafíos para defender su institucionalidad, del modo como lo hacen las democracias más efectivas del mundo.

Por Ángel Valencia, Fiscal Nacional.