Por María Jaraquemada, oficial de Programa para Chile y el Cono Sur de IDEA Internacional
La semana pasada se hicieron públicas nuevas aristas de las investigaciones que lleva a cabo, de una manera rigurosa, la ministra Romy Rutherford, donde nuevamente un ex comandante en jefe del Ejército habría malutilizado, para goce personal y familiar, recursos públicos en forma de gastos reservados, cuyo objeto eran, entre otros, inteligencia militar. El asunto se complejizó aún más cuando se reveló la imposibilidad de embargar sus bienes para hacer efectiva la responsabilidad, debido a que los habría traspasado con anterioridad a sus hijas, una de las cuales se desempeña como fiscal en el Ministerio Público, al igual que su esposo, testigo de este traspaso de bienes. Esto llevó a una rápida reacción de la Fiscalía, que abrió una investigación por posibles delitos y faltas administrativas.
Lo anterior nos lleva a pensar que más que hechos aislados, al interior del Ejército, y particularmente respecto de su más alta jerarquía, imperaba una cultura de corrupción e impunidad, sumado a ciertos déficits estructurales, que permitían que ocurrieran situaciones de esta índole. Finalmente, la falta de control del poder civil y alta opacidad en el manejo y uso de recursos -particular, pero no exclusivamente, de gastos reservados-, una estructura jerárquica muy marcada y controles internos y externos precarios, fueron el caldo de cultivo perfecto para la ocurrencia constante de estos hechos.
Si bien tendemos a ser muy críticos de nuestra institucionalidad, no podemos dejar de reconocer que se han realizado cambios y avances para evitar que esto se mantenga: se sustituyó la Ley Reservada del Cobre por un nuevo sistema de financiamiento; se modificó la norma sobre gastos reservados y su rendición, y se aumentaron las sanciones para delitos de corrupción. Todo esto como consecuencia, entre otros, del conocido “Milico Gate”. Sin embargo, es clave que la lógica de actuar de las instituciones armadas dé un giro relevante hacia una real subordinación y rendición de cuentas a las entidades civiles -gobierno de turno, Contraloría, Congreso- y ciudadanía en general, así como que el secreto y opacidad no sean la norma general, sino la excepción, entendiendo la necesidad de resguardar información clave para la seguridad nacional. Abusar de lo anterior ha llevado a denegar información pública tan poco estratégica como el número de capellanes del Ejército.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad tienen un rol clave dentro de nuestros sistemas democráticos, por esto, erradicar culturas del secretismo, de defensa corporativa y corrupción, son clave para generar confianza ciudadana; y que cumplan su rol de modo adecuado en un sistema democrático, con mayores exigencias de participación en la esfera pública y rendición de cuentas. Sin duda, algo que deberá tener en cuenta la Convención Constitucional a la hora de deliberar sobre el diseño institucional y el rol de éstas en una democracia plena del siglo XXI.
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