SEÑOR DIRECTOR

En el marco de la discusión sobre la ley de presupuesto, resulta relevante resaltar que suman y siguen los informes de Contraloría objetando gastos en que han incurrido los órganos de la administración del Estado. Gastos mal ejecutados, dineros no rendidos y contratos directos sin justificación, forman parte del abanico de motivos que originan dichos informes. En materia de compras públicas, la Fiscalía Nacional Económica ha propuesto una reforma que podría ahorrar entre US$ 290 y US$ 855 millones al año.

Por su parte, la Dirección de Presupuestos ha evaluado una serie de programas sociales, haciendo observaciones en relación con el impacto y cumplimiento de los objetivos de varios de ellos.

En un contexto de crisis institucional y de los efectos económicos de la pandemia, parece prudente discutir la necesidad imperiosa de reformas que apunten a hacer más eficiente el gasto público, no por un tema económico, sino que más bien para poner en el centro de la discusión cuáles serán las acciones que deberá realizar el Estado para dar cumplimiento a su finalidad de promover el bien común. Si no tenemos esta discusión ahora ¿cuándo?

Camilo Sánchez Villagrán

Instituto Res Publica