Indispensable control del gasto público

Foto: Dedvi Missene



Como cada período, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda informó de los resultados de la evaluación de programas gubernamentales del último año. Se trata del proceso de revisión de una muestra pequeña de la oferta programática total del Estado que, aunque no supera el 5% del gasto público anual, entrega importantes y preocupantes alertas respecto a la manera en que se están gestionando los recursos de los contribuyentes.

En esta oportunidad se evaluaron 17 programas, de los cuales siete exhibieron un desempeño bajo y cuatro un mal rendimiento, resultados que no distan mucho de lo que se observa cada año. Si se consideran las evaluaciones realizadas desde 2011 hasta el presente, 61% de los programas ha obtenido un desempeño insuficiente, mientras que solo un 34% obtuvo una calificación suficiente y apenas 5% una evaluación positiva. Asimismo, la antigüedad promedio de los programas mal evaluados es de 11 años, por encima de los cinco de aquellos que fueron bien evaluados, lo que da cuenta del tiempo en que se viene arrastrando este problema.

La pregunta es por qué hay tanta tolerancia con ello. Una mala evaluación puede explicarse por problemas de diseño, de ejecución o incluso por la obsolescencia de los objetivos a los cuales busca hacer frente el programa; en cualquier caso, ello da cuenta de un fracaso a la hora de satisfacer los requerimientos que justifican destinar recursos a esas y no otras materias. Se trata por tanto de un tema de primer orden de importancia a la hora de tomar decisiones de índole presupuestaria pero también relativas a la gestión pública por parte de las autoridades a cargo.

Considerando la enorme cuantía que el gasto público alcanzará el próximo año, y más aún en un contexto de estrechez fiscal -con aumentos inéditos en los niveles de endeudamiento y crecientes demandas ciudadanas-, se vuelve un imperativo ineludible el hacerse cargo de estas evaluaciones, tomando todas aquellas medidas que permitan mejorar la eficacia con que el Estado gestiona sus recursos. Ello significa, por un lado, tener que realizar las modificaciones necesarias en la ejecución de las diversas iniciativas, pero además dar término o reducir aquellos programas que no están mostrando resultados. En principio esto es responsabilidad del gobierno de turno que tiene la iniciativa en materia de gasto público, pero también del Congreso, que es el que debe aprobar los presupuestos y las iniciativas.

Preocupa entonces que el parámetro más usual con que los legisladores suelen juzgar el presupuesto presentado por el gobierno sea sencillamente el alza que presente cada partida y cada asignación particular. Cuando los recursos se están usando de forma poco eficiente, un aumento del gasto no producirá una mejora; incluso puede ser indeseable en la medida que ello aumentará el despilfarro. Cuando el debate apunte a mejorar la calidad del gasto, más que a su sola cuantía, el país estará avanzando en la dirección correcta. Y para que ello sea posible, además de aumentar y mejorar las evaluaciones disponibles, es indispensable que tanto el Ejecutivo, pero sobre todo el Congreso, muestren disposición para ceñirse a dichas recomendaciones.

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