En noviembre, la inteligencia artificial debutará como tema electoral en las elecciones de medio término de Estados Unidos, y ya dejó víctimas en las primarias. En Utah, el presidente del Senado estatal —republicano— perdió su escaño ante otro republicano por haber impulsado un data center junto al Gran Lago Salado que el 71% de los vecinos encuestados del condado de Box Elder rechazaba. En Michigan, los vecinos impulsaron revocatorias contra autoridades que se negaron a extender una moratoria. En Maryland, tres comisionados republicanos cayeron ante desafiantes de su propio partido que hicieron de detener los data centers una bandera de campaña.

Lo notable es que este nuevo clivaje no corre por el eje izquierda-derecha. Bernie Sanders pide una moratoria nacional de data centers y coincide en su oposición a nuevos proyectos, sin quererlo, con parte de la base MAGA. El eje es otro —territorio versus élite— y por eso ningún incumbente está a salvo: un super PAC respaldado por figuras de la industria tecnológica gastó más de US$ 8 millones en una sola primaria en Manhattan y ganó un candidato que igual apoya la moratoria.

El detonante, además, no es ideológico sino material. Según Gallup, 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de un data center de IA en su área: el clásico “no en mi patio”, igual que con cárceles o vertederos. Solo 14% funda su rechazo en la IA misma; la mitad apunta al agua y la energía. Y en cinco países europeos, 72% de los encuestados apoya que nuevos data centers solo se autoricen si se crea nueva capacidad renovable para abastecerlos. Gran parte de la oposición no es a la inteligencia artificial en abstracto o por riesgo de desplazo laboral; es al galpón, a su agua y a su cuenta de luz.

Ahí está la paradoja: el primer voto sobre la inteligencia artificial no será sobre sus consecuencias o riesgos. Los votantes exigen —y la política regula— lo que pueden ver o tocar, y el riesgo es quedarnos legislando el envase (hectáreas, litros, megawatts) mientras lo de fondo corre sin marco alguno: el impacto laboral, la privacidad de nuestros datos, la ciberseguridad, la concentración de mercado, la manipulación del discurso público. Una moratoria de data centers, por sí sola, no regula nada de eso.

La historiadora Jill Lepore nos recuerda que la regulación del automóvil se enfocó primero en compensar el daño en vez de prevenirlo. Volvo liberó gratis la patente del cinturón de tres puntas en 1959; Estados Unidos lo exigió de fábrica recién en 1968 y en Chile su uso es obligatorio solo desde 1985: un cuarto de siglo de rezago con una tecnología esencial. La aviación, en cambio, fue regulada temprano en su desarrollo y nadie diría que despegó lento. La lección no es “más regulación” ni “menos”: es regular el riesgo temprano sin regular el negocio. El simplismo voluntarista es mal consejero; la parálisis por análisis, también.

En Chile esta conversación ya comenzó. El Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación ambiental del data center de Google en Cerrillos y ordenó reevaluar sus efectos sobre el agua considerando el cambio climático, mientras el Estado despliega un Plan Nacional de Data Centers para atraer inversión. Queremos ser hub digital con las mismas comunas y la misma permisología que llevan veinte años arbitrando conflictos socioambientales. El clivaje llegará disfrazado de permisos, no de algoritmos ni estrategia de desarrollo. La pregunta es si discutiremos el fondo de las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial antes que, como en Utah, el galpón vote por nosotros.

Por Tomás Sánchez V. Socio, Valoriza, Director, Politropia.