Tomás Jordán

Tomás Jordán

Abogado Constitucionalista

Opinión

La Nueva Constitución


*Esta columna fue escrita junto a Pamela Figueroa, asesora  para la Reforma Política y Nueva Constitución en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

 

La hoy ex Presidenta Michelle Bachelet presentó el pasado martes 6 su proyecto de Nueva Constitución. Representa el cumplimiento del compromiso adquirido con la ciudadanía de enviar un texto de cambio constitucional que se sostuviera, principalmente, en las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, pero también en nuestra tradición constitucional republicana, democrática y social y en las reformas democráticas de la transición.

La propuesta de Nueva Constitución recoge dos cuestiones que aparecieron a lo largo de los diálogos ciudadanos: la necesidad de fortalecer la democracia y la mirada social del Estado y la sociedad, en especial de los derechos. De esta manera, propuso una nueva forma de entender la Constitución cuyos 3 elementos principales son:

  1. a) Una nueva matriz de interpretación de la Constitución. El proyecto establece que la Constitución se funda en los valores de la libertad, igualdad, justicia, solidaridad y respeto a los derechos humanos, que se concretizan en la clausula del Estado democrático y social, donde la finalidad del Estado es el bien común de cada uno y de la comunidad, con especial cuidado en la protección del medio ambiente, el patrimonio histórico y cultural del país, el reconocimiento de los pueblos indígenas y su derecho a la representación parlamentaria.
  2. b) Un sistema de derechos fundamentales con tutela universal. Se propone ubicar en la misma posición y protección las libertades personales, los derechos políticos, la libertades económicas y los derechos sociales. Para ello se perfeccionan ciertos derechos actuales, tales como el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, el derecho a la educación, a la salud y al trabajo. Se incorporan nuevos derechos propios de los cambios culturales y sociales de los últimos años. Se establece, entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, prohibiéndose toda discriminación en material salarial, el derecho a la participación y los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. La protección de los derechos se podrá impetrar ante cualquier tribunal ordinario y será apelable ante el Tribunal Constitucional.
  3. c) El equilibrio de los poderes en el régimen presidencial. Se plantea un equilibrio entre el Gobierno y el Congreso, habilitando en mayor medida el juego de democrático. Busca que un Gobierno -junto con su mayoría parlamentaria- pueda desarrollar el proyecto político para el cual fue elegido. Para ello, el texto formula que el periodo presidencial sea de 6 años sin reelección y los parlamentarios sólo podrán ser reelectos en dos oportunidades. Luego, dispone la eliminación de los quórum supra-mayoritarios para la aprobación de las leyes, reduciéndolos a 2: el quórum simple (regla general) y el quórum orgánico de mayoría absoluta.

Junto con ello, se elimina el control preventivo del Tribunal Constitucional que puede actualmente activar una minoría parlamentaria durante la tramitación de una ley. En caso de cualquier inconstitucionalidad de una ley, se mantiene la posibilidad de ir al TC pero cuando la ley está vigente. Sólo las leyes orgánicas serán controladas obligatoriamente, y de forma previa, pero los 4/5 partes de los ministros del TC, es decir, cuando no haya duda alguna de su inconstitucionalidad.

Complementa y profundiza la democracia la propuesta de iniciativa ciudadana de ley, donde un 5% de loa ciudadanía podrá presentar un proyecto con preferencia para su tramitación y despacho.

Con lo anterior, la ex Presidenta inició el camino institucional hacia una Nueva Constitución y ha abierto el diálogo político. Su mandato deja tres aportes en esta ruta: una Etapa Participativa donde participaron 204.402 personas y reconocida internacionalmente (Informe OCDE 2017); la propuesta de una Convención Constitucional para que sea el lugar donde se discuta la Nueva Constitución y un proyecto de Nueva Constitución. Corresponde al nuevo Congreso y al Gobierno del Presidente Piñera continuar este camino.

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