El gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba importante en el terreno de la conflictividad social. El incremento del precio internacional de los combustibles ha golpeado directamente al transporte público y, como suele ocurrir en el Perú, el problema económico rápidamente ha adquirido una dimensión política.

Ucayali fue la primera señal de alerta. Durante cinco días, transportistas y organizaciones sociales paralizaron actividades y bloquearon carreteras, exigiendo una respuesta del gobierno frente al encarecimiento del combustible. Finalmente, el paro fue levantado, pero el problema no ha desaparecido. Otros gremios de transportistas han advertido nuevas paralizaciones y algunos dirigentes reclaman ser recibidos directamente por la Presidenta.

El gobierno ha optado por una respuesta pragmática. Keiko Fujimori anunció un subsidio focalizado y posteriormente se aprobaron hasta 105 millones de soles para contener temporalmente el impacto del incremento de los combustibles sobre el transporte de pasajeros y de carga. La decisión busca impedir que el mayor costo termine trasladándose completamente a los pasajes, los fletes y, finalmente, a los precios que pagan los consumidores, especialmente de los productos básicos, como los alimentos.

Es una respuesta razonable frente a una coyuntura extraordinaria, pero insuficiente si no está acompañada de una estrategia política de diálogo.

Aquí aparece el principal desafío para Fujimori. En el Perú, muchas crisis sociales no se agravan solamente por la magnitud de la demanda, sino por la percepción o la realidad de que el gobierno no escucha. Cuando los dirigentes condicionan el levantamiento de una protesta a ser recibidos por la propia Presidenta, la controversia deja de ser exclusivamente económica y pasa al campo simbólico: reconocimiento, presencia y autoridad.

Fujimori tiene, además, un elemento a su favor: está comenzando su mandato y dispone de capital político para construir una relación distinta con las organizaciones sociales. El subsidio puede comprar tiempo, pero no estabilidad. La verdadera prueba será convertir ese tiempo en diálogo, anticipación y capacidad de negociación. Si el gobierno consigue hacerlo, esta primera crisis puede terminar fortaleciendo su autoridad. Si responde tarde a cada protesta, el incentivo será exactamente el contrario: demostrar que en el Perú hay que bloquear una carretera para conseguir que el Estado escuche.

Por Luis Benavente, analista político peruano. Director de Vox Populi.