Las leyes no lo son todo

Congreso



Esta semana el Presidente lanzó la esperada agenda antiabusos, y si bien es un buen primer paso, incorporando la figura del denunciante anónimo y fortaleciendo a la Fiscalía Nacional Económica para perseguir delitos que atenten contra la libre competencia; aún queda un camino muy largo por recorrer en esta materia. Uno de los puntos claves a futuro será otorgar mayores facultades al Ministerio Público, ya que las leyes no bastan y serán letra muerta, si no existe una probabilidad real que se apliquen en la cotidianidad.

En este contexto es importante destacar, que hace exactamente 10 años, se comenzó a aplicar la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo que las empresas serán responsables de los delitos que cometen sus empleados, siempre y cuando, no hayan actuado de forma diligentes para prevenirlos. Esta ley tenía la finalidad de cumplir ciertos requisitos necesarios para que Chile ingresara a la OCDE, y gracias a ella, se empieza a hablar de compliance en el país, como parte esencial de lo que deben hacer las empresas para evitar que estos delitos ocurran. Obviamente las empresas no son creadas con el fin de cometer delitos (sinceramente creo que al menos el 99% de las empresas no tienen ese fin), pero muchas veces los terminan cometiendo por el excesivo foco en el resultado, autojustificación u otras razones de mirada cortoplacista.

A pesar de Ley 20.393 y la agenda antiabusos, el verdadero cambio tienen que venir de parte de las mismas empresas, siendo los dueños y directores los primeros preocupados en implementar un modelo de prevención de delitos (Compliance), levantando riesgos en las áreas donde se pueden cometer (generalmente las comerciales, financieras, proveedores), con canales de denuncia efectivos, protección al denunciante, controles reales, capacitaciones, entre otras; y así evitar de forma proactiva los delitos de "cuello y corbata".  Sin embargo, si los directivos los hacen solo como check list no servirá y tampoco se podrá ocupar como defensa en casos de malas prácticas.

A marzo de este año, de acuerdo a información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), solo 228 grupos empresariales en Chile cuentan con modelos de prevención de delitos certificados, lo que demuestra que aún son muy pocas las empresas que están trabajando en el tema, incluso nos podemos encontrar con varias empresas IPSA que no lo tienen. Mi teoría es que las empresas no lo implementan por varias razones, entre las que se encuentran: que no entienden o que lo ven como algo burocrático y lejano. Es mi única explicación racional, ya que de verdad me niego a creer que no lo hacen porque saben que tienen malas prácticas y están "asustadas" del compliance.

La crisis de confianza que estamos viviendo también pasa al interior de las empresas  y muchos de los trabajadores no confía en el lugar en que se desempeñan todos los días, es más, no se atreven a denunciar este tipo de delitos, asumiendo que  las más altas esferas también son cómplices, y por lo tanto pueden sufrir consecuencias. A mí parecer esa situación es muy perjudicial para el sistema en su conjunto y hay dos vías de acción posibles. El primero y más complicado, es si hay una presunción que la empresa no es ética (es decir sus dueños y directorio porque las empresas no son un edificio de ladrillo), lo más recomendable es empezar a buscar trabajo, ya que el quedarse ahí son cómplices. La segunda opción es denunciar, confiando en las políticas de compliance dispuestas en la empresa, esto requiere un cambio de cultura importante porque desde chicos nos han enseñado a no ser "acusetes".

Los canales de denuncias son lo más efectivo para conocer si un delito está ocurriendo en una empresa y poder actuar a tiempo en prevenir que ciertas conductas se arraiguen (como hemos visto en los casos que han salido a la luz).

Quiero recapitular y ser enfática. Se agradece los avances que se están dando, pero insto a los privados para no esperar más leyes ni agendas antiabusos y actuar YA. Todos, cada uno, desde la posición donde nos encontramos somos responsables de prevenir la corrupción.

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