Por Gonzalo Uriarte, presidente de AB Chile

Las empresas productivas y particularmente la industria nacional del reciclaje de envases y embalajes vivirán una profunda transformación a partir de septiembre del próximo año, cuando comience el funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley REP).

Sin embargo, en la recta final, el futuro del proceso es incierto, debido a las dificultades que viven las empresas reguladas por la crisis económica, junto con la falta de difusión de las obligaciones que establece el reglamento, las fechas para su cumplimiento y el comienzo de la implementación contemplada para este año, sin considerar la pandemia y sus efectos.

Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que el 1° de julio pasado venció el plazo para que los productores reportaran al Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) la cantidad de envases que introdujeron en el mercado el año pasado. Hasta ahora, no hay cifras oficiales en cuanto al cumplimiento de esta declaración.

AB Chile, junto a 25 grandes empresas de consumo masivo y retail, está organizando el primer Sistema de Gestión Colectivo que reúne a empresas reguladas, buscando hacerse cargo de la recolección y reciclaje de envases y embalajes, uno de los aspectos fundamentales para el cumplimiento y el éxito de la Ley REP.

Estamos a tres meses de cumplir otro hito fundamental en esta carrera: la formalización de los Sistemas de Gestión. Sin embargo, solo el 10% de los 15.000 productores regulados está preparado para informar a la autoridad, en septiembre de este año, sobre la manera en que se organizarán para financiar la recolección y reciclaje de sus envases y embalajes al alero de un sistema de gestión. La cifra es decidora y deja en evidencia que estamos en un momento crítico, sobre todo porque somos testigos de que muchas empresas desconocen esta nueva exigencia.

Como uno de los gremios que representa a las empresas mandatadas a cumplir la Ley REP, desde el 2019 estamos trabajando incansablemente en convocar e informar a miles de empresas reguladas por esta ley. Lo hacemos, no solo porque existe un cuerpo normativo que nos obliga a ello, sino, porque tenemos el compromiso de proteger el medio ambiente y promover la economía circular.

Pero este desafío no lo alcanzaremos solos, por lo que es fundamental contar con la decidida colaboración y activa participación de todos los actores involucrados, desde las autoridades sectoriales de gobierno hasta las empresas, recicladores y, por supuesto, la ciudadanía. Sin duda, se trata de la política pública de carácter ambiental más innovadora de la última década, que estando en la recta final, no la debemos descuidar, para así realmente avanzar con éxito en una responsable y adecuada implementación de la anhelada Ley REP en nuestro país.