El domingo 4 de octubre, el sargento segundo Jaime Urrea Burgos murió de un escopetazo en Quilleco. Había acudido a un procedimiento por violencia intrafamiliar. No lo mató una banda transnacional ni lo emboscaron en una disputa territorial. Llegó a una casa porque alguien pidió ayuda y el agresor le disparó. Que esto ocurriera en Biobío, una de las regiones que concentra más homicidios del país, es revelador: incluso allí la violencia letal puede tener un origen mucho más cotidiano.

La conversación sobre seguridad se ha estructurado crecientemente en torno al crimen organizado. Hay buenas razones para ello. Chile enfrenta organizaciones más complejas, mercados ilegales en expansión y delitos que hasta hace poco tenían una presencia limitada. Combatirlos es indispensable y los avances deben reconocerse. Pero no resuelven un problema central: la vida cotidiana es cada día más violenta.

De las 1.091 víctimas de homicidio de 2025, el 42,2% murió en contextos interpersonales. Fue el principal contexto de homicidio en el país. Entre las mujeres, casi cuatro de cada diez homicidios fueron femicidios y en el primer semestre de 2026 esa proporción llegó al 42,6%. Entre los niños más pequeños, el entorno familiar es un espacio peligroso.

No se trata de casos marginales. Desde 2018, los homicidios interpersonales han representado persistentemente entre un tercio y más de dos quintos del total, cualquiera sea el comportamiento del crimen organizado. Hay un piso de violencia que no desaparece cuando retrocede el crimen organizado. El territorio refuerza esa conclusión. En regiones como Aysén, Magallanes, La Araucanía, Atacama y Ñuble, los contextos interpersonales tienen un peso particularmente alto. Una política de prevención de homicidios diseñada exclusivamente a partir de las dinámicas de la Región Metropolitana difícilmente responderá a lo que ocurre en buena parte del país.

El problema no es solo estadístico. El crimen organizado concentra comprensiblemente la atención política porque exige inteligencia, persecución penal y capacidad para desarticular organizaciones. La violencia interpersonal requiere otra respuesta, muchas veces menos visible: prevención de la violencia intrafamiliar, intervención temprana en conflictos, protección efectiva frente a amenazas conocidas y gestión de la violencia dentro de las cárceles.

El asesinato del sargento Urrea muestra además que estas violencias no pertenecen a mundos completamente separados. Un procedimiento por violencia intrafamiliar terminó con un policía asesinado por un arma de fuego. El control de armas es, por eso, uno de los puntos de encuentro entre ambas agendas. Cuando existe una denuncia por violencia intrafamiliar, retirar y controlar efectivamente las armas a las que tiene acceso el agresor debería ser una prioridad.

Pero no basta. Se requiere una evaluación de riesgo consistente ante denuncias y llamados por violencia intrafamiliar, seguimiento efectivo de las medidas de protección, intervención temprana en conflictos que muestran señales de escalamiento y una política penitenciaria que considere la violencia entre internos como una responsabilidad directa del Estado.

También necesitamos cambiar la pregunta con la que evaluamos la política de seguridad. No solo cuántos homicidios esclarecemos o cuántas organizaciones desarticulamos, sino cuántas muertes que podían anticiparse logramos evitar. Esa violencia debería estar en el centro de nuestra política de seguridad; en realidad, debería ser el eje central de como pensamos nuestro futuro como país.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.