SEÑOR DIRECTOR:
Hace poco, La Tercera informó sobre el caso de Andrea Martones, asesora jurídica ad honorem que participó, a petición de senadores en ejercicio, en numerosas instancias de discusión sobre el proyecto de ley “Fármacos 2″, en el Senado y en la Comisión Mixta que ha discutido este proyecto. “Fármacos 2″ busca perfeccionar diversas exigencias regulatorias que aplican a actores del mercado farmacéutico.
Simultáneo a su asesoría a parlamentarios, Martones facturó por sus servicios profesionales a un conjunto de actores privados del mercado farmacéutico, y hoy su participación como asesora parlamentaria está bajo investigación del Ministerio Público. El quid del asunto es que Martones no siempre habría declarado sus potenciales conflictos de interés.
Hoy no existe la obligación legal, cuando asesores ad honorem participan en comisiones parlamentarias, de declarar potenciales conflictos de interés. Para el ciudadano de la calle, esto es simplemente insólito. Este tipo de declaración no puede quedar a la discreción (y ética) del asesor. ¿Por qué nuestros políticos no son lobistas pro transparencia con más convicción? Para mejorar las cosas en casa, la casa de todos, hay que partir por lo más básico.
Julio Peña Torres
Investigador Clapes UC
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