Durante los 90 y parte de los 2000, en Chile veíamos el populismo económico como una realidad ajena: la respuesta desesperada de gobiernos de la región, acorralados frente a crisis políticas y sociales.

El concepto nos resultaba conocido, pero lo mirábamos con desdén. Lo asociábamos a medidas políticas que ofrecían alivio rápido -subsidios, ajustes, condonaciones, congelamiento de precios- sin considerar, o derechamente ignorando, sus consecuencias a mediano plazo. Si el populismo económico típicamente de izquierda apostaba por el gasto sin respaldo y la expansión del Estado, hoy convive con su némesis: un populismo de derechas que promete refundar el orden económico a punta de shock y despido de funcionarios.

En Chile, este fenómeno comenzó a incubarse cuando el país dejó de crecer sostenidamente. Desde que se debilitó el ciclo virtuoso de crecimiento y movilidad social que sostuvo buena parte del consenso de la Transición, el debate económico se polarizó y politizó electoralmente.

El estallido social se adelantó a la quimera de los “tiempos mejores”, dando paso a una crítica feroz a la desigualdad, a la “tecnocracia” y al surgimiento de ideas como el decrecimiento enarbolado durante la Convención. En paralelo, durante la pandemia campeó el populismo económico: se desfondaron los fondos previsionales y se tiró más dinero fiscal del necesario a la calle para calmar angustias pandémicas y -también- para intentar apagar las brasas del estallido.

Cuando se quebró el consenso en torno a la importancia de crecer, también se diluyó la disposición a construir acuerdos para reactivarlo. Así, la combinación de estancamiento y falta de voluntad política creó el caldo de cultivo ideal para que el populismo económico se robusteciera.

La oferta política actual lo refleja con claridad. Desde la izquierda, las propuestas de condonar el CAE, terminar con la UF o subir el salario mínimo a $750.000 se enarbolan en nombre de la justicia social y la urgencia de responder ya a las demandas ciudadanas. Desde la derecha, el discurso de “desengrasar el Estado” se ha convertido en consigna: eliminar ministerios, despedir a miles de funcionarios y reducir impuestos se presenta como una suerte de limpieza exprés y reactivación mágica. En ambos casos, se promete mucho, se calcula poco y se apuesta a la inmediatez.

El problema no es solo lo que estas propuestas ofrecen, sino el clima social y político que las abona, acentuando el círculo vicioso. Desconfianza, impaciencia y una profunda erosión del diálogo político fermentan esta nueva normalidad.

Por eso, más que alarmarnos por el poco sustento técnico de estas promesas, deberíamos preocuparnos por algo más profundo: ¿está la política dispuesta a dejar de jugar al atajo?

Porque mientras no recuperemos el consenso perdido —ese que entendía que sin crecimiento no hay movilidad, y sin acuerdos no hay futuro—, el populismo económico seguirá agudizando la crisis, y transformando a Chile en el país que antes nos juramos no imitar.

Por Cristián Valdivieso, director de Criteria