Desplazar a palestinos para crear un centro turístico y tecnológico es el nuevo estándar ético. Las leyes están demás, y los conflictos se “solucionan” a través del uso de la fuerza militar.

Las cancillerías en Occidente confundidas en tiempos posmodernos solo alzan la voz en favor de un cese al fuego, pero no muy alto, tal vez podría ser perjudicial a sus intereses en este mundo desprovisto de alma y con corporaciones multinacionales que se benefician de la guerra.

No ha sido suficiente para “hombres de estado” que los dos órganos jurisdiccionales más relevantes del sistema internacional, el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional (CPI), abrieran investigaciones por crímenes cometidos en Palestina. Recordemos que la guerra ilegal de Rusia sobre Ucrania ha recibido múltiples sanciones en lo financiero, comercial, embargo de bienes, apoyo a una investigación de la CPI, mientras que Ucrania ha contado con apoyo militar de la OTAN. Por otro lado, Israel mantiene el respaldo económico, abastecimiento de sistemas de armas y garantías de impunidad.

En efecto, para comprender la situación en Gaza debemos situarnos en el contexto de impunidad que se ha tejido en torno a las razones de estado que han empujado a Tel Aviv a avanzar en su proyecto nacional que borra cualquier espacio territorial para la creación de un Estado palestino.

Los aliados de Israel han señalado que no reconocen las acciones llevadas adelantes por el Tribunal Internacional de Justicia en el marco del Convenio para la Prevención del Delito de Genocidio (1948) solicitado por Sudáfrica. El órgano dictaminó medidas cautelares y cese al fuego, el que hasta hoy no se respeta. Por otro lado, los jueces de la CPI han sido sancionados por el Congreso de Estados Unidos por abrir una investigación y ordenar la detención de Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa por Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra.

Al respecto, recientemente la asociación internacional de académicos del genocidio hizo pública una resolución en que sostiene que en Gaza se está cometiendo un genocidio debido a los ataques indiscriminados y deliberados que han significado el asesinato de más de 59.000 personas, mientras que unas 143.000 han resultado heridas. El documento reconoce torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, ataques a los profesionales de la salud y todos quienes presten apoyo humanitario a la población, entre otras acciones tendientes a la eliminación de la población.

El devenir de Gaza se discutirá prontamente en Naciones Unidas y debieran presentarse acciones concretas que, por un lado, exijan el fin del genocidio, y por otro, establezcan las bases del fin de la ocupación en Palestina. Por cierto, la Asamblea no cuenta con las atribuciones para ello, pero al menos tendremos la esperanza que algo de dignidad queda entre nosotros.

Por Jaime Abedrapo, Director del Centro de Derecho Público y Sociedad USS