“Papitos corazón”, violencia económica y función pública



Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva ComunidadMujer

“La vida privada no tiene nada que ver con las capacidades que uno posea para ejercer un cargo público”, declaró la vocera del Partido de la Gente, justificando lo injustificable, tras conocerse que el candidato presidencial y fundador de la colectividad, Franco Parisi, debe más de 200 millones de pesos en pensiones por derechos de alimentos y que, por ello, enfrenta una orden de arraigo en su contra.

El caso plantea varios dilemas y desafíos. El más obvio es la urgencia de elevar los estándares a quienes aspiran a ejercer la máxima autoridad del país. En esto, la actual Constitución es realmente muy básica y nada dice respecto de exhibir conductas éticas, probas y coherentes con el estricto respeto por los derechos de las personas. Y cumplir con la responsabilidad insoslayable de la propia familia e hijos/as es lo mínimo. Lo contrario, no es ético y es un tipo de violencia económica de género. No basta, por tanto, con el escrutinio de los medios y de la ciudadanía que vota. Se requiere una institucionalidad democrática más exigente.

De hecho, si ya se hubiese aprobado la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ha tenido una lamentable demora en el Congreso, el candidato Parisi podría ser culpado de incurrir en el tipo de violencia definida en la normativa como: “toda acción u omisión, intencionada y arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer (...) y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos”.

La magnitud del daño de los llamados “papito corazón” fue una revelación de la pandemia, desenmascarados por los retiros del 10% de las cuentas de las AFP. Según datos del Poder Judicial, en un año (agosto 2021) ingresaron a los tribunales de familia 923.215 solicitudes de retención de fondos previsionales por deudas de alimentos y de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, hasta el 17 de septiembre, se han cursado 507.610 liquidaciones, movilizando recursos totales de US$ 711,1 millones.

Sin medidas coercitivas, es prácticamente imposible lograr que la mayoría de estos verdaderos maestros de la elusión, cumplan sus obligaciones familiares. De ahí que el Poder Judicial vea con buenos ojos la tramitación de la ley que crea un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias a cargo del Registro Civil, que daría visibilidad y sumaría mecanismos de cobro efectivos por parte de las instituciones públicas y privadas.

Chile sigue muy al debe en la protección de niños, niñas y adolescentes y todas las madres que “apechugan” solas. Estremece el desamor, la frialdad e irresponsabilidad de los hombres que se desligan de sus familias, pero también la ineficacia histórica del Estado. Así las cosas, no cabe más que tolerancia cero, legal y social, a los “papitos corazón”, partiendo, por cierto, por los futuros candidatos.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.