Un informe del Ministerio de Salud reveló que de los 515 ventiladores donados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), solo 32 están operativos, mientras que el resto está confinado en bodegas dispuestas por la autoridad. El reporte -que emitió la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que refleja las evaluaciones que hicieron profesionales del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar y de la división de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas de la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer)- ha causado polémica porque está involucrada una donación por unos $10 mil millones.

Es necesario mirar el contexto y la oportunidad en que se realizó la adquisición de este material médico, circunstancias que son muy distintas a las de ahora. Cuando se desató la pandemia, la escasez de ventiladores a nivel mundial convirtió en una verdadera guerra entre países la carrera por obtener los equipos suficientes para evitar muertes. Las rutas de los aviones que transportaban el material médico para enfrentar la crisis sanitaria tenían que ser secretas, porque existía un riesgo cierto de ser confiscados por otras naciones.

El sector privado chileno actuó con diligencia para disponer de cuantiosos recursos -hasta ese momento muy escasos también- para la compra de material médico, constituyéndose en un valioso aliado del sector público para enfrentar la pandemia. La compra de los ventiladores que terminaron llegando a Chile fue supervisada por el propio Ministerio de Salud, cuyos profesionales se involucraron en todo el proceso, que pasó por identificar a los proveedores disponibles en ese instante y dar las especificaciones técnicas del material que podía ser usado en Chile. Los ventiladores que llegaron al país fueron, entonces, los que estaban disponibles y los definidos por la autoridad con las restricciones vigentes.

Se ha pretendido hacer de esta situación un escándalo, reprochando al sector empresarial la compra de material no siempre óptimo -pese a estar visados por el Ministerio-, pero a la luz de los antecedentes conocidos, lo verdaderamente reprochable es que una donación por $10 mil millones, realizada de buena fe por el sector privado, quede relegada a una bodega. Es comprensible que una vez que comenzaron a llegar los ventiladores mecánicos tradicionales, sean estos los que se ocupen activamente, pero en el intertanto los ventiladores de emergencia igualmente salvaron vidas. Pero ya con los equipos de alta gama disponible, resulta igualmente inentendible que el sector de Salud público se desentienda de su rol de administrar eficientemente los recursos que le fueron confiados. Su responsabilidad pasa por buscar alternativas para darle un uso efectivo al material médico que solicitó y que le fue donado para salvar vidas, por lo que no puede quedarse impávido y contentarse con advertir el no uso del material.

Si bien es valioso que exista un análisis técnico de la calidad de los ventiladores y que dicha información sea conocida por la ciudadanía, el Estado debe hacerse responsable por la forma como gestiona los recursos que recibe y responder oportunamente por ello.