Preocupación por trato desigual a universidades

En una sociedad plural, el Estado debe apoyar a las personas y las decisiones educativas que éstas legítimamente toman, sin privilegiar a un tipo de instituciones sobre otras.



Preocupación estaría causando el trato desigual que, tanto desde el gobierno como desde la Convención Constitucional, se pretende dar a instituciones de educación superior estatales y privadas de comprobada trayectoria y contribución a la generación de bienes públicos durante las últimas décadas. Es el caso de la denominada Red G9 -que reúne a la Universidad Católica y otras ocho universidades-, y también de otras casas de estudio que estarían siendo relegadas de los planes que desde ambos frentes se están elaborando, restándoles validez como alternativas educativas para las familias chilenas.

“Como somos Estado, es importante fortalecer y reconstruir la educación pública”, manifestó la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, precisando que “es deber del Estado posicionar a sus instituciones como un eje sustantivo”. Estas palabras, así como las que en numerosas oportunidades ha sostenido el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dejan en evidencia una limitada visión de lo público, reduciéndolo meramente a lo estatal. Cuando en realidad, nuestro sistema de educación superior es un buen ejemplo de que lo público trasciende a lo estatal y que una determinada configuración jurídica o el identificarse con un cierto ideario o religión son perfectamente compatibles con la función pública de generar conocimiento y formar profesionales que aporten al desarrollo y progreso del país.

Este debate es de gran relevancia no por mera semántica, sino por sus implicancias prácticas para la ciudadanía y el país. Primero, la desigualdad en el trato desde el Estado tiene implicancias en el apoyo que brinda a la generación de bienes públicos como la investigación, la generación de conocimiento e incluso la movilidad social, los cuales están lejos de ser patrimonio exclusivo de las universidades estatales. Es más, los resultados objetivos dan cuenta de que el aporte que realizan varias instituciones privadas en ese ámbito incluso supera a las estatales, algunas de las cuales de hecho se encuentran bastante al debe.

Del mismo modo, hay una implicancia en cómo el Estado garantiza el acceso a la educación superior. Pues en la medida que lo público se concibe más allá de lo estatal, se pone a disposición de la ciudadanía los medios y ayudas financieras para materializar su derecho a educarse de acuerdo a sus propios valores, principios y capacidades.

Hoy, gracias al reconocimiento del aporte del sector privado a la provisión de educación, la mayoría de los estudiantes de hecho opta por instituciones no estatales en las cuales recibe el apoyo del Estado en la forma de ayudas estudiantiles. Y si bien aún persiste una inequidad en la cuantía de dichos beneficios, el consenso hasta ahora era el de avanzar hacia un trato equivalente en la medida que dos personas exhibieran similares condiciones socioeconómicas, aunque optaran por universidades de distinta naturaleza. El principio detrás de esta posibilidad está en que, en una sociedad plural, el Estado busca apoyar a las personas y las decisiones educativas que éstas legítimamente toman, contribuyendo con ello a la preservación de la diversidad, lo que tiene un valor en sí.

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