Durante años, el presupuesto de Salud ha sido una ficción aceptada por todos. El Congreso Nacional aprueba una cifra para los hospitales que todos saben insuficiente; los Servicios de Salud gastan lo que la realidad les impone, acumulan déficit y, al llegar el último trimestre, Hacienda y la Dipres los rescatan con suplementos. La ley dice una cosa y la caja otra. Ese ciclo tiene un costo que no aparece en ninguna partida: premia al que planifica mal, castiga al que se ordena y le quita al presupuesto su principal virtud, que es ser creíble.

El proyecto de ley de Presupuestos 2027 parece querer romper esa costumbre. En la discusión pública se le ha llamado “convergencia”: acercar el presupuesto inicial de cada hospital a su gasto efectivo. La palabra no aparece en el texto, pero las cifras sí. La bolsa central con que se tapaban los déficits durante el año cae casi 40%, mientras el presupuesto base de los Servicios de Salud crece con fuerza, sobre todo en bienes y servicios. Dicho en simple: menos dinero repartido a mitad de año y más dinero asignado desde el comienzo.

Es una buena idea, y no solo por razones contables. Un hospital que conoce su presupuesto real puede planificar compras, contratar con tiempo y negociar mejor con sus proveedores. Pero la convergencia tiene una contracara que conviene decir en voz alta: si el presupuesto ya reconoce el gasto verdadero, se acaban las excusas. Los Servicios deberán ajustarse a lo aprobado, y el Ministerio y la Dipres tendrán que exigirlo, incluso cuando sea impopular. Sin esa disciplina, la convergencia será solo un suplemento adelantado.

La misma lógica de ordenar recorre otras decisiones del proyecto. La atención primaria recibe un aumento cercano al 10%, lo que permitiría que el aporte por cada persona inscrita suba de unos $11.900 a cerca de $13.000 mensuales, según una estimación propia, porque el proyecto no informa la cifra. La inversión hospitalaria, en cambio, vuelve a concentrarse en el nivel central. Ambas decisiones pueden defenderse, pero responden a una misma pregunta de fondo: quién decide y con qué información.

Ahí está el punto débil. El proyecto llega con muchas menos glosas que la ley vigente: las de la partida bajan de 54 a 30. Casi todas las que desaparecen son obligaciones de informar al Congreso sobre cáncer, mamografías, diálisis o el financiamiento de cada hospital. Es habitual que el Ejecutivo las omita y que vuelvan en la tramitación, pero el contraste es elocuente. Se pide al Congreso que confíe en un presupuesto más realista justo cuando se le quitan herramientas para verificarlo. Es esencial que las glosas respecto a contratación de sociedades médicas, licitaciones públicas y abuso de licencias médicas sean nítidas, exigentes y sujetas a responsabilidad.

La convergencia es un pacto de confianza: el Estado presupuesta la verdad y los hospitales se comprometen a respetarla. Ese pacto solo funciona si alguien puede comprobar que se cumple. Presupuestar la verdad es un avance; rendir cuentas sobre ella es la condición para que dure.

Por Jaime Mañalich, exministro, Clapes UC