En políticas públicas solemos asumir erróneamente que no cambiar nada equivale a mantener la estabilidad o, en el otro extremo, que reformarlo todo es sinónimo de avance. La experiencia nos ha mostrado que la inacción no solo no preserva las condiciones que se quieren resguardar, sino que termina acumulando mayores costos hacia el futuro. Conocemos también los resultados cuando se aspira a transformarlo todo.

La demora en aprobar la reforma de pensiones fue un buen ejemplo. Durante décadas, la resistencia a modificar el sistema, por una parte, y la insistencia en transformarlo de raíz, por otra, postergaron una solución urgente. Finalmente, un buen acuerdo superó ese bloqueo, pero como país llegamos tarde, con consecuencias para la jubilación de varias generaciones.

Un desafío similar enfrenta hoy la legislación laboral. La transformación global, la evolución social y las exigencias en materia de crecimiento obligan a revisar cómo protegemos el empleo. Mantener la normativa actual intacta resulta insostenible ante la necesidad urgente de generar nuevos puestos de trabajo, en un escenario donde la desocupación se acerca al millón de personas.

Un punto especialmente sensible en este ámbito es la indemnización por años de servicio en caso de despido. Revisar esta conquista laboral genera una alta complejidad política. Sin embargo, esa dificultad no puede impedirnos discutir si esta protección responde a las necesidades de los trabajadores y de quienes buscan empleo. Menos del 20% de quienes terminan una relación laboral tendría acceso a este beneficio.

Los incentivos deben situarse en un equilibrio entre movilidad, productividad y protección laboral. Transitar hacia un sistema de indemnización a todo evento es una medida adecuada, dentro de una reforma que incorpore además mejoras importantes en la capacitación de los trabajadores.

La indemnización a todo evento, aun con la reducción a medio mes por año de servicio que se discute, es una alternativa virtuosa porque permitiría al trabajador cambiar de empleo sin perder el beneficio asociado. Esa mayor libertad fortalecería su capacidad para negociar mejores condiciones con su actual empleador, interesado en retenerlo. Al mismo tiempo, un financiamiento previsible ofrecería certeza a este último y evitaría que una desvinculación concentre un costo financiero paralizante. Esto es especialmente relevante para las mipymes, que concentran cerca del 60% del empleo asalariado privado.

Una legislación que rompa el equilibrio de negociación entre empleadores y trabajadores amenazaría con precarizar el trabajo y debilitar la productividad. Por eso la productividad también requiere perspectivas de desarrollo que hagan valioso permanecer en una empresa. Abordar esta discusión con pragmatismo es indispensable para moderar tanto los impulsos de excesiva desregulación como la resistencia a revisar la protección laboral existente.

Estas medidas, junto con incentivos a la inversión y al crecimiento, pueden contribuir a generar más y mejores oportunidades de trabajo. Reducir la cesantía es nuestra urgencia social; aumentar la productividad es nuestra urgencia económica. La legislación laboral debe contribuir a ambas.

Por Juan Carlos García, exministro de Obras Públicas.