Durante la última década, Chile ha sido testigo de un cambio alarmante en su panorama delictual. El secuestro, antes un fenómeno aislado, creció un 74% entre 2014 y 2024, alcanzando 3.649 casos, mientras las extorsiones se dispararon más de 7.000%, pasando de apenas cuatro casos en 2014 a 303 en 2024, según el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB. Ambos delitos generan un impacto devastador sobre las víctimas y configuran un ecosistema criminal cada vez más estructurado y transnacional.

Actualmente operan en Chile al menos 12 organizaciones criminales transnacionales: cinco venezolanas, dos colombianas, dos peruanas, una dominicana, una mexicana y una china, siendo el Tren de Aragua la más conocida. Estas estructuras no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que han diversificado sus delitos hacia secuestros y extorsiones, prácticas que utilizan violencia, intimidación y miedo como mecanismos de control territorial y financiamiento. Mientras el secuestro busca el cobro de rescates o intimidar rivales, la extorsión funciona como un verdadero impuesto criminal, silencioso pero constante, aplicado a comerciantes, transportistas y familias.

Lo más preocupante es la transformación cultural y social que estos delitos generan. Instalan un régimen de miedo que erosiona la cohesión comunitaria y la legitimidad del Estado. La ciudadanía comienza a percibir la violencia como un “costo de hacer negocios” o un riesgo inevitable para quienes viven en determinados territorios, debilitando así el principio esencial de la vida en sociedad: la libertad.

Pero el problema no es solo del Estado. Como señaló Héctor Barros, fiscal jefe del ECOH, en entrevista con este diario: “Si consume servicios de niñas explotadas sexualmente o compra un celular robado, usted tiene las manos con sangre igual que el Tren de Aragua”. Su afirmación evidencia una verdad incómoda: el crimen organizado requiere mercados, consumidores y redes de complicidad social para sostenerse. Cada pago de rescate sin denuncia, cada “protección” aceptada como costo, cada producto robado comprado en la calle, fortalece su poder y legitima su presencia en los barrios.

Ante este escenario, el Estado debe articular un enfoque integral con inteligencia, persecución patrimonial, investigaciones complejas y presencia territorial efectiva. Su éxito dependerá de la capacidad real de desarticular redes completas y recuperar el control sobre territorios y economías que están siendo cooptados por la violencia.

Chile aún está a tiempo de impedir que estas organizaciones criminales consoliden un poder paralelo. Pero lograrlo requiere más que operativos reactivos: exige decisión política, inteligencia estratégica y liderazgo que comprenda que la seguridad no es solo un problema policial, sino también un desafío moral, cultural y social. Porque el secuestro y la extorsión son cadenas que destruyen la libertad y la dignidad, y romperlas es un imperativo para proteger a las personas.

Por Pablo Urquízar, coordinador Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB.