SEÑOR DIRECTOR:

La situación de las Isapres se plantea siempre como una crisis estructural de financiamiento y del modelo de compra de estas instituciones. En la práctica, sus consecuencias tienen impactos enormes sobre las personas y su salud. Primero, sobre los 3,5 millones de beneficiarios, entre los cuales hay miles con enfermedades GES en evolución y con prexistencias de magnitud y severidad. Pero, también, puede gatillar una crisis en Fonasa, dado el modelo estructural de esta institución; la nula experiencia de manejo de planes y administración de casos y poblaciones y, especialmente, por su escaso manejo sobre la tarificación del trabajo médico en prestadores privados.

Así, cualquier efecto en las aseguradoras privadas tendrá también un impacto significativo sobre los más de 15 millones de personas que están en el ya saturado sistema. Por eso, esta no es solo una discusión técnico-jurídica, sino que también ética y política.

Según la última Encuesta CEP, el 60% cree que debe existir una institución pública pero también privadas para administrar sus cotizaciones y solo el 33% ve como alternativa tener un monopolio estatal.

La introducción de un grupo E en Fonasa, frente a la hipotética quiebra de algunas Isapres, carece de sentido común cuando se prescinde de los prestadores privados en la construcción de una solución. Encontrar una vía de mejora es un imperativo para el gobierno y el Congreso que exige de máxima premura y voluntad.

Esto permitirá visualizar si de verdad los pacientes son los que están en el centro de las decisiones que se toman en salud o hay un sesgo ideológico permanente. Nos ponemos a disposición de los involucrados para estudiar, trabajar y avanzar en posibles soluciones.

Luis Castillo

Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Karla Rubilar

Académica Unidad de Salud Pública

Universidad Autónoma