El 17 de mayo pasado se cumplieron tres años desde que el Presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, debido a la violencia y terrorismo existente. Aunque inicialmente hubo resistencia a la medida, esta excepción constitucional ha mostrado resultados positivos y objetivos, según cifras oficiales de Carabineros de Chile.

Entre los años 2013 y 2024, el año con mayor cantidad de hechos violentos fue 2021. Al comparar el último año con 2021, justo antes de implementar el Estado de Emergencia, los hechos delictuales han disminuido en un significativo 68%. La disminución es aún más marcada respecto a los bienes afectados, con una reducción del 84%. En cuanto a la protección de la vida y la integridad física, las cifras también son alentadoras: se registraron 86% menos personas lesionadas y una reducción del 63% en asesinatos. Además, se han realizado importantes detenciones y obtenido condenas de miembros de organizaciones radicalizadas y terroristas.

Estas cifras demuestran una clara mejoría en la seguridad pública en la Macrozona Sur, resultado del trabajo de excelencia y coordinado entre las Fuerzas Armadas y las policías. A esto se suma la aprobación de más de 57 prórrogas del Estado de Emergencia por parte del Congreso Nacional, el cambio de postura del actual Gobierno y la acción decidida del Ministerio Público. La promulgación de leyes clave como la N° 21.488 (Robo de madera), la N° 21.577 (Crimen organizado), la N° 21.633 (Usurpación), la N° 21.730 (Ministerio de Seguridad) y la N° 21.732 (Terrorismo), también han incidido favorablemente.

No obstante, la violencia y el terrorismo siguen presentes en la zona. Prueba de ello son recientes hechos como el atentado de Rucalhue en Santa Bárbara o el triple asesinato de funcionarios policiales en Cañete el año pasado. Persisten, además, dificultades permanentes del Estado para ejercer control efectivo en territorios específicos como Temucuicui en Ercilla o Pidenco en Lumaco. Asimismo, la reciente Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento reflejó las dificultades para lograr un consenso político sólido respecto al terrorismo.

Entre los principales desafíos pendientes está la necesidad de alcanzar un Pacto Político transversal contra la violencia y el terrorismo, que trascienda el gobierno de turno y se adopte como política de Estado. Además, una estrategia integral contra el terrorismo, siguiendo ejemplos exitosos como los aplicados en España y la Unión Europea. También se requiere modernizar el actual Sistema de Inteligencia del Estado, así como proporcionar a las Fuerzas Armadas y las policías reglas claras y respaldo legal en el uso legítimo de la fuerza. El nuevo Ministerio de Seguridad Pública debe coordinar eficazmente el Sistema de Seguridad Pública en la Macrozona Sur. Finalmente, el Estado debe abordar decididamente las condiciones sociales que favorecen la aparición del crimen organizado y del terrorismo.

Por Pablo Urquízar M, coordinador, Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la UNAB.