SEÑOR DIRECTOR:
Este mes, el Código de Procedimiento Civil (CPC) cumplió 120 años, y hace tiempo que quedó obsoleto, pues fue pensado para una realidad jurídica, política y económica muy distinta a la actual, marcada por un fuerte liberalismo, que entendía al proceso civil como una cuestión entre privados, donde el juez solo era un administrador del proceso.
Hoy, en cambio, el proceso civil no se entiende sin un juez presente en las audiencias, proactivo, que resuelva en procesos concentrados, predominantemente orales y con libertad probatoria, como actualmente ocurre en con el proceso laboral, penal o de familia.
Mientras siga vigente el CPC, los chilenos no serán iguales ante la ley, pues se les está obligando a litigar bajo condiciones distintas según el tribunal ante el que comparezcan.
Los defectos sistémicos del procedimiento civil han sido advertidos desde hace décadas. De hecho, el legislador elaboró un proyecto de nuevo Código Procesal Civil que estaba casi listo para publicarse, pero que hoy está parcialmente obsoleto al no considerar la reciente experiencia en el uso de tecnologías.
La postergación de la modernización de la justicia civil es también una postergación de las normas que la integran, que tocan aspectos tan importantes como el acceso a la justicia, una de las políticas públicas más importantes, necesarias y urgentes, sobre todo considerando el momento histórico por el que transita nuestra república, donde hoy más que nunca −sin perjuicio de los ADR− se requiere que el ciudadano vea al Poder Judicial como la única alternativa por donde se debe conducir la resolución de un conflicto, descartando cualquier hipótesis de autotutela.
Es de esperarse que, por la relevancia del asunto, en este año en que repiensa la Constitución, no se desatienda la reforma procesal civil, que para bien o para mal afecta al ciudadano igual o más que cualquier norma, incluso siendo supralegal.
Simón Zañartu
Socio Garnham
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