Después del ataque de la Marina estadounidense a una lancha en las cercanías del mar territorial de Venezuela, sin decir agua va, y la muerte de sus once tripulantes, el Presidente Trump anuncio otro ataque similar, con la muerte de tres tripulantes, escalando así la ofensiva militar de Washington en el Caribe. Hasta ahora, el despliegue de una flotilla de barcos de guerra, incluyendo tres destructores y un submarino cruzando el Mar Caribe podía leerse como una señal para intimidar al gobierno venezolano. Con esto, sin embargo, “la sangre ha llegado al rio” (o, en este caso, al mar) sentando un precedente funesto, que requiere una respuesta urgente.

La Casa Blanca alega que las lanchas llevaban un cargamento de drogas. Según los procedimientos establecidos, de ser ello así, las lanchas debieron haber sido interceptadas por la Guardia Costera, la carga decomisada y los tripulantes arrestados. Sin embargo, según el razonamiento de la administración Trump, muy cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional y de la propia legislación estadounidense, el calificar a los carteles de drogas como organizaciones terroristas, le daría el derecho a EE.UU. a atacar a quienquiera que considera asociado a los mismos, en aguas internacionales, e incluso en territorio extranjero y que le merezca el calificativo de “narcoterrorista”. Ello es grave porque no hubo ningún aviso a las lanchas en cuestión, ni intentos de abordarlas para detener a sus tripulantes. Lo que se dio fueron ataques súbitos en alta mar en contra de un grupo de civiles, nacionales de un país con el cual EE.UU. no está en guerra. Esto abre las puertas para arbitrariedades de todo tipo, en que un gobierno se erige como juez, parte y ejecutor de una supuesta justicia internacional, con América Latina en la primera línea de futuros ataques.

Aun antes de estos ataques a las lanchas venezolanas, varios países latinoamericanos convocados por la Celac manifestaron su preocupación por este “despliegue militar extrarregional en la región”. Ellos subrayaron el carácter de América Latina como zona de paz y su compromiso con principios como la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Por increíble que parezca, sin embargo, un grupo de países de la región (incluyendo a Argentina, El Salvador y Paraguay) se negó a firmar este comunicado. Ello manifiesta la profunda división existente en la región, y avala un accionar que nos retrotrae a los peores tiempos de la diplomacia de las cañoneras, y la Enmienda Roosevelt, hace ya más de un siglo.

Ni aun entonces, sin embargo, en los años de auge de la expansión imperial de los EE.UU., Washington llegó a invadir a países del continente sudamericano, limitándose a hacerlo con los de Centroamérica y el Caribe. El que hoy Venezuela esté en la mira de Washington, si no para una invasión convencional, al menos para ataques de otro tipo, de los cuales este incidente sería solo el inicio, nos habla de la urgencia de una reacción más colectiva de una región que pareciera no darse cuenta de lo que está en juego.

Por Jorge Heine, investigador no residente, Quincy Institute