Hasta la sede del Ministerio de Justicia, llegaron el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI) y la diputada Constanza Hube (UDI) para entregarle al titular de la cartera, Fernando Rabat, el proyecto de resolución, aprobado por la corporación donde se pide al gobierno poner fin a las pensiones de gracia del estallido social a quienes estén condenados por delitos.

Alessandri explicó que el proyecto de resolución “lo que hace es solicitarle al gobierno que las personas que recibieron pensión de gracia vitalicia, en el contexto del estallido social, porque habían supuestamente recibido apremios ilegítimos o un maltrato del Estado, que además tienen antecedentes penales anteriores a esa pensión, simultáneos a esa pensión o posteriores, que pueda el ministro, a través de un decreto, igual como se otorgaron, poder anular esas pensiones de gracia”.

En esa línea, Hube complementó diciendo que “es injusto que personas que tengan antecedentes penales, que personas que participaron además en todo lo que vivimos en el estallido social después de octubre del 2019, hoy día además reciben un cheque por parte del Estado, recursos de todos los chilenos, mientras personas que hoy día sacan la mugre trabajando y ven que se tiene que apretar el cinturón y ven en la práctica la situación que tenemos de desempleo tengan que ver que estas personas reciban en el fondo recursos que son de ellos”.

La diputada sostuvo que son cerca de 400 personas quienes estarían con este beneficio mucho de los cuales tienen antecedentes penales.

Asimismo, Alessandri explicó que también conversaron con Rabat sobre los “falsos exonerados”. “Mientras el resto de Chile se aprieta el cinturón, miles de personas que reciben una pensión que no merecían o que mintieron para recibirla o que un parlamentario les da un certificado que los habilitaba a recibirla”, expuso.

AC contra Grau

En tanto, Alessandri fue consultado por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y los dichos la diputada Pamela Jiles (PDG) quien sostuvo que la exautoridad se puede salvar gracias a la “derechita cobarde”.

“Pamela Jilles habla por ella misma, porque no sabemos ahora si estaba en la izquierda antes ahora está en la derecha, no sé en cuál derecha está. En la UDI, por lo menos, leemos las acusaciones constitucionales, si hay mérito las votamos a favor y si no hay mérito las votamos en contra”.

“De la valentía y de la cobardía no se tratan las acusaciones constitucionales se trata de la seriedad”.

Ley Nain-Retamal

Como “frustrante” calificó Alessandri el proyecto de ley, impulsado por parlamentarios comunistas, que busca derogar ciertos aspectos de la Ley ain-Retamal.

“Esa única ley que ha funcionado bien, el Partido Comunista la quiere anular, la quiere derogar, por lo tanto, la pregunta para esos diputados: ¿De qué lado están?, ¿del lado del crimen organizado?, ¿del lado de la destrucción?, ¿del lado de los que quieren que nuestro país se convierta en un país donde el crimen y el hampa controlen todo?, ¿o están del lado de la justicia, de nuestras policías, que nos dicen todos los días ‘gracias diputado por la Ley Nahín-Retamal´?“, señaló.