Esta semana la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de estados financieros de 73 entidades públicas, en el cual advierten que “falta de evidencia para validar” dicha información.

Esto, según indicaron desde el ente fiscalizador, porque en su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) se detectó que el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”, lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.

Los resultados del informe activaron las alarmas en el mundo político, y algunos parlamentarios apuntaron a un “desorden”.

En esa misma línea, la jornada de este viernes, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al fiscal nacional Ángel Valencia con el fin de solicitar disponer un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para el desarrollo de la investigación.

Aquello, o en su subsidio, “hacer uso de la facultad que le entrega el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y designar a un fiscal regional para que, frente a la gravedad de los hechos, asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas”.