Hasta la madrugada del jueves se extendió la sesión de cierre de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Aunque el acuerdo no fue unánime -como se había acordado internamente para su funcionamiento-, la aprobación del borrador final fue por siete votos contra uno. Así, en los próximos días, las recomendaciones y conclusiones serán entregadas al Presidente Gabriel Boric.

Una de sus comisionadas, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, renunció al Partido Republicano y dio su voto favorable a la propuesta. Y es que desde la colectividad ya le habían advertido a la parlamentaria que no estaban de acuerdo con algunos de los puntos conocidos.

“Me plantearon hace casi un mes que, de no cambiar mi postura, yo tenía que no ser republicana”, cuenta. Aravena profundiza en sus diferencias políticas con la colectividad de José Antonio Kast y en los puntos clave del acuerdo.

El borrador final se aprobó por siete votos, sin la unanimidad esperada. ¿El Presidente Boric tiene alguna exigencia de aplicar lo que propone la comisión?

Lo primero es que el decreto de nombramiento nuestro no exige la unanimidad.

Claro, pero existía un acuerdo entre los miembros del consejo.

Sí, un acuerdo interno. Si bien no podemos exigirle nada al Presidente, hay casi un 90% de acuerdo y le vamos a entregar el texto completo.

¿Hay medidas que el Presidente podría aplicar de inmediato, de manera administrativa? Entiendo que el grueso tiene que pasar por el Congreso.

Hay cosas que podría hacer ahora si quisiera. Un ejemplo es el catastro digital de tierras en Chile, como lo tiene Canadá, Estados Unidos y Australia. Esa es una de las propuestas que nosotros hacemos dentro de las 22 que tiene este documento. Eso no necesita ley (...). Pero en general, hay muchas cosas que son materia de ley, sobre todo lo que tiene que ver con tierras, hay que hacer un cambio en la Ley Indígena. No hay posibilidad de lo contrario.

Que la aprobación final no haya sido por unanimidad, ¿lo considera un fracaso?

No, era predecible. Así como yo tuve presiones muy grandes, las pudo haber tenido cualquiera de los comisionados en un tiempo político tan álgido. Eso evidentemente yo creo que pudo más, porque no sé cuáles fueron los motivos concretos de Sebastián Naveillán para haber rechazado. Era ideal la unanimidad, pero sirvió el habernos puesto ese objetivo porque permitió que llegáramos a acuerdo prácticamente en todo.

Su renuncia al Partido Republicano para tener libertad de acción para aprobar el trabajo de la comisión tiene consecuencias políticas para usted, como no poder optar a la reelección...

Lo reflexioné mucho, por semanas.

¿Consideró que aprobar el trabajo de la comisión era más relevante?

Sí. El partido estuvo de acuerdo inicialmente en firmar esto, pero hubo una oposición permanente de la secretaria general, Ruth Hurtado, de falta apertura a los resultados y de poca expectativa respecto de lo que pudiera ocurrir con esta comisión. Yo fui entregando durante el proceso informes concretos de lo que estaba sucediendo y el partido -tanto su presidente, Arturo Squella; Ruth Hurtado y su líder y candidato presidencial, José Antonio Kast- fueron muy francos conmigo. Me plantearon hace casi un mes que, de no cambiar mi postura, yo tenía que no ser republicana.

¿Y cuál fue su conclusión?

Yo vivo en La Araucanía, he trabajado toda una vida acá y alguien tiene que sacrificarse. No puedo no aprovechar la oportunidad de dar inicio a un proceso de cambio de mirada de la problemática indígena a algo mucho más técnico y menos politizado. Yo sabía que sacrificaba mi posible reelección, pero a veces hay que tener razones de Estado.

Como opositora al gobierno, ¿no sintió que aprobando el borrador le estaba dando cierto aire a esta administración?

Hubiese sido mezquino de mi parte rechazar algo que me parece bueno, una puerta a una solución definitiva, por no darle un triunfo al gobierno. Mi posición siempre fue que si el texto era lo mejor que podíamos hacer con los integrantes que estábamos y con las herramientas que teníamos, yo lo iba a aprobar. Jamás estuvo en mi mente darle un golpe al gobierno y rechazar algo que es mejor que lo que hay.

Hasta el miércoles era militante republicana. ¿Sigue respaldando la candidatura de José Antonio Kast?

José Antonio Kast tiene los méritos suficientes para ser presidente de Chile. Obviamente no puedo decir hoy, después de la decisión que tomé de retirarme del partido, si voy a hacer campaña por él. No lo he pensado. Y para ser bien honesta, tuve una diferencia grande con el partido. Es decir, si yo hubiese estado en la posición de ser candidato a presidente, hubiese revisado el informe con expertos antes de dar una opinión tan a la ligera, tan a la rápida y tan en contra.

¿Son diferencias que ya se arrastraban respecto a la forma de hacer política?

Voy a ser franca en esto: soy de derecha y eso no va a cambiar, pero sí creo que hacen falta liderazgos que piensen en el país transversalmente, que entiendan que hay temas que son políticos y son importantes defenderlos. Pero en este punto en particular ha habido tanto sufrimiento, tanta dificultad, tanta pobreza, que aquí se requería mirar con altura de miras. No estoy diciendo que esto es la solución perfecta, pero se apuró el partido y los asesores de Kast en tomar una decisión de un documento que todavía no está terminado. Yo espero que si hoy el Partido Republicano está en la arena política como un partido fuerte, vaya avanzando siempre a los mejores acuerdos para el país. No se puede hacer política ni democracia sin acuerdos, es imposible.

Uno de los principales puntos de discusión es que se garantizan 240 mil hectáreas agrícolas para la futura Agencia Nacional de Tierras. Se ha planteado que es, más o menos, lo que ya se ha entregado en tres décadas.

No es tan así porque es un objetivo, un deseo.

¿Es como un tope máximo?

Es un tope.

¿Pueden ser menos?

Puede ser menos, porque va a depender de que las personas que hoy tienen un compromiso con el Estado y ya se les ha entregado la aplicabilidad (para la compra de tierras) decidan. Porque la propuesta nuestra dice que las personas decidirán libremente qué es lo que ellos prefieren: compensaciones de otro tipo o tierras. No hay nada escrito en piedra, ni menos que sea obligatorio.

¿Fue uno de los puntos más resistidos?

No tengo claridad porque ayer (miércoles) no lo explicó en detalle el comisionado Naveillán de qué es lo que finalmente hizo que rechazara. Yo me enteré por la prensa que ese fue el motivo. Esta redacción llevábamos semanas tratando de dejarla esto como un “tope”. En estricto rigor, la aplicabilidad que ha entregado la Conadi ya alcanza 350 mil hectáreas de deuda de tierra. Entonces, estimar 240 mil como una posibilidad es bastante realista. Además, no son necesariamente tierras agrícolas.

¿Lo dice porque se ha hablado de que existe un porcentaje de tierras fiscales?

Sí. Bienes Nacionales tiene algunos cálculos, no podría mentir diciéndote cuánto, pero hay una cantidad de tierras que están disponibles. Por otro lado, hay alrededor de 58 mil o 60 mil hectáreas que ya están inscritas en la Conadi, de privados que están a la espera de las compras de sus campos.

Otro punto de controversia era la reticencia fue incluir la mención al “terrorismo” en la redacción final. ¿Quedó consignado así?

Esa es una propuesta mía. Fue una insistencia muy grande. Estoy muy agradecida que se haya incorporado. Tengo que reconocer que cuando presenté el proyecto de reparación a víctimas, fue bien recibido, no tuve problemas con ningún comisionado para incorporarlo. De hecho, tres de los 22 capítulos están dedicados solo a víctimas. Ese proyecto en particular fue votado por unanimidad cuando lo presenté y agregué el tema del terrorismo porque es necesario reconocer que existe. En esa votación hubo unanimidad.

Entiendo que el senador Huenchumilla sí pidió un “téngase presente” respecto a esa redacción.

No, él estuvo plenamente de acuerdo. Lo que él hace es una aclaración que, en el fondo, es la justicia es la que determina si existe o no el terrorismo y eso es así. Lo que hay es solamente una aclaración respecto de cuándo se condena por terrorismo y eso es razonable.

La preocupación más transversal es sobre el alto costo, que no habría un informe de Hacienda que certifique que están los fondos para llevar a cabo todo lo que la comisión propone.

Son US$ 4 mil millones. Yo sé que la cifra es extraordinariamente alta, pero es lo que ya debe el Estado...

¿Es lo que ya debe respecto a qué? ¿A restituciones de tierras?

Sí, porque la Ley Indígena te da la posibilidad de solicitar tierras en función de las diferencias que hay de los títulos de Merced y ya hay 350 mil hectáreas que están comprometidas con certificado de aplicabilidad y otras 1.200 que ya ingresaron, están en proceso, con un 90% de que sea un resultado positivo. Cuando se aprobó la Ley Indígena, se aprobó en estas condiciones. Y lo que se está haciendo al mantenerla es permanentemente aumentar la deuda. De no cambiar la ley, en 30 años más la deuda sería de US$ 8 mil millones. Entonces, hay que llegar a un acuerdo político, técnico, legislativo.