Comisión Experta apuesta a cerrar un anteproyecto “aprobable en diciembre” tras triunfo republicano

Pasadas las 19.00 del domingo, cuando las cifras electorales mostraban una clara tendencia a favor del Partido Republicano, los celulares de los comisionados que integran la Comisión Experta empezaron a sonar. De lado a lado los expertos oficialistas y de oposición se activaron para comentar los resultados.

Por teléfono el tono compartido era de preocupación. Por un lado, la izquierda sufría la peor derrota electoral de su historia, aceptaba a la fuerza que es minoría electoral y que esta vez tendrá que resignarse a ser la bancada minoritaria del futuro Consejo Constitucional.

Del otro lado, la derecha tradicional de Chile Vamos veía cómo de un día para otro el partido de José Antonio Kast los desbancaba del sector, se apropiaba de sus electores y se quedaba con la hegemonía de la derecha.

Por lo mismo, ya durante la noche del domingo, la primera conclusión fue que la Comisión Experta adquirirá mayor relevancia que nunca. “Somos nosotros o nada”, dijo la noche del domingo un comisionado oficialista.

Esas primeras conversaciones durante este lunes se apoderaron de la sede del Congreso en Santiago. El oficialismo citó a una reunión en el primer piso del Senado en Santiago. Pasadas las 13.00, la comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD) empezó a pedirles a sus compañeros de bancada que ingresaran para tener el primer diálogo tras derrota electoral.

Adentro la conversación fue “tranquila, pero realista”. El oficialismo confirmó lo que ya habían conversado previamente: no dejarán que el clima electoral frustre su ánimo de llegar al acuerdo más amplio posible. Ese diagnóstico, agrega una fuente del sector, “no es ingenuo”. Eso implica, a su vez, saber que la discusión en particular de las enmiendas debe hacerse con “realismo”, lo que se traduce en basarse en lo realmente importante y en lo que podrán defender ante el Consejo.

“Yo no me levantaré de esta comisión hasta lograr un acuerdo”, comentó en esa reunión uno de los comisionados oficialistas. Según fuentes del sector, esa posición es transversal en la bancada. Otra fuente complementa la postura: “Y si no resulta, al menos no será por nuestra culpa. Es nuestra última esperanza”.

En Chile Vamos el diagnóstico es similar. La semana pasada la bancada opositora ya había acordado “proteger a la comisión” ante un eventual triunfo de la derecha y sobre todo del Partido Republicano. El sector se reunió en la tarde de este lunes, pasadas las 18.30, en la sala 1 de la Cámara en Santiago.

Como ya es costumbre, el comisionado Hernán Larraín (UDI) se sentó en la cabecera de la mesa y fue moderando. En la cita, los expertos compartieron sus primeras impresiones de lo sucedido y volvieron a confirmar que su “ánimo por los acuerdos no cambiará”.

Eso implicará, comentan fuentes del sector, “la disposición del oficialismo de entender que hay cosas que no podrán ir en el texto”. Sin embargo, eso no implica tener un texto que no represente a ambos mundos. “El objetivo es que el texto se lo podamos explicar tanto a la oposición y al oficialismo y que sea aceptable para ambos, entendiendo el contexto político actual”, dice otra fuente de la comisión.

Junto con el “sentido de responsabilidad”, que reina en ambas bancadas, esta etapa además estará marcada por el prestigio personal de los expertos. “Nadie quiere pasar la historia como el responsable de un mal anteproyecto”, comentan.

Por eso, desde ambos sectores afirman que la misión será lograr el mismo ambiente que el que se obtuvo para el Acuerdo por Chile. Esa vez, tanto la izquierda como la derecha se unieron para impulsar una reforma constitucional que habilitara un nuevo proceso constituyente. A finales del año pasado los asesores del oficialismo y la oposición fueron al Congreso a defender la moción parlamentaria y lograron convencer a los parlamentarios de aprobar el texto que habían redactado previamente. “Eso mismo tenemos que conseguir, pero esta vez ante el Consejo Constitucional”, dice un comisionado.

“Lo central es que elaboremos una Constitución que le dé sentido a los distintos grupos que integran la comisión y en la medida en que eso se logre podremos mirar con tranquilidad el debate que se viene y el plebiscito”, comentó el comisionado Francisco Soto (Ind.-PPD).

El experto agregó que hay que “evitar los errores del pasado” y por eso, dijo, cuidar los acuerdos sigue siendo la principal tarea: “Más adelante hay que tratar de convencer a la gente que se eligió de la pertinencia de los cambios que nosotros estamos proponiendo. En la medida en que eso sea sólido y tenga buenos argumentos va a pervivir no solo a este ciclo, sino que también al plebiscito y a los años que se vienen”.

La señal más evidente de que la reflexión que han tenido en privado ambas bancadas es transversal, es que las opiniones dichas en público son casi similares tanto en el oficialismo como en la oposición. El comisionado Larraín, de hecho, afirmó este lunes que “no queremos una Constitución de un solo color político”.

“Nosotros queremos hacer un proyecto que nos una y que nos represente. La Comisión Experta está llamada a seguir su trabajo para garantizarle a Chile la estabilidad del progreso”, añadió el exministro.

Una tecla parecida tocó la comisionada Antonia Rivas (Convergencia Social): “Esto reafirma la labor que tenemos como Comisión Experta de ser capaces de construir un acuerdo amplio entre los 24 comisionados y demostrarle a la ciudadanía que es posible llegar a acuerdos y entregar una Constitución que dé cuenta del diálogo y de las urgencias de la ciudadanía de manera consensuada”.

Junto con eso, Rivas hizo un llamado a la oposición. “La derecha va a tener una responsabilidad muy intensa de lograr una Constitución que sea posible de aprobar por toda la ciudadanía”, agregó la experta frenteamplista.

El mismo punto fue comentado por Máximo Pavez (UDI): “A nivel de Comisión Experta la búsqueda de acuerdos sigue requiriendo los mismos elementos y requisitos. Hay que construir una mayoría al interior de la comisión de 3/5, por lo tanto, yo no creo que para lo que se está construyendo actualmente, es decir, la discusión en particular de las enmiendas, nosotros podamos ver alterado el espíritu con el cual estamos construyendo”.

La gran incógnita para el oficialismo es qué actitud tendrán los 23 republicanos cuando asuman en sus cargos de consejeros. Por ahora, el único referente que tienen es el comisionado independiente nombrado por los diputados republicanos, Carlos Frontaura, de quien la bancada oficialista tiene la mejor opinión.

“La voz de Frontaura ha sido muy escuchada. Él representa ideales como experto que ojalá se vean reflejados en los consejeros electos del Partido Republicano. Él ha sido un aporte intelectual muy grande en este proceso y espero que eso se vea reflejado en la voluntad de llegar a diálogo de los consejeros republicanos”, concluyó la comisionada Rivas.

Para lograr el objetivo de conseguir un texto que sea aceptado de manera transversal, en la Comisión Experta están conscientes de que en estos días que vienen tienen que ceder en sus posturas respecto a las enmiendas ingresadas, en las cuales quedaron plasmadas las diferencias más ideológicas entre ambos bloques. Por ejemplo, el tema más álgido ha sido cómo quedará redactado la provisión mixta en los derechos sociales y ahí se han entrampado en un tira y afloja.

En este contexto, y ante la falta de acuerdo, algunos comisionados del oficialismo transmiten que han iniciado diálogos con personeros de la oposición con el objetivo buscar una salida. Una alternativa que ha ido tomando fuerza en comisionados de los partidos de gobierno es que ese aspecto quede redactado igual a como quedó establecido en las 12 bases institucionales, que quedaron plasmadas en el acuerdo constitucional que adhirieron las colectividades en diciembre pasado.

En esas bases, esa materia quedó establecida como “Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.